Publicación

- 14 Sep 2020

Nicaragua: entre la crisis sanitaria y la crisis sociopolítica

Boletín Perspectivas

Entre julio y agosto de 2020, Nicaragua ha estado sacudida por dos procesos: el estacionamiento de la pandemia y sus efectos sanitarios y humanos; y los vaivenes políticos que se han generado alrededor de la Coalición Nacional que no termina de cuajar como la alternativa política ciudadana para avanzar en la salida de la crisis sociopolítica del país.

Los efectos sanitarios y humanos se han hecho sentir principalmente en el incremento del número de contagios, la cantidad de personas fallecidas y el tremendo drama humano que ha significado la política del gobierno de los Ortega-Murillo de negarse a repatriar a los nicaragüenses que, desde distintas partes del mundo, intentaban regresar al país. Mientras en el ámbito político, los distintos actores que conforman la Coalición Nacional han pasado por tensiones que ponen el riesgo su futuro y la legitimidad frente a la ciudadanía que ha depositado en esa instancia sus más grandes expectativas para resolver la crisis sociopolítica que inició en 2018.

El estacionamiento de la pandemia

De acuerdo con los últimos reportes del Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, la curva ha mantenido su tendencia de crecimiento en cuanto a contagios y personas fallecidas. Para la última semana de agosto, el total de personas contagiadas ascendía a 9,998 casos y el número de personas fallecidas es de 2,680. Mientras tanto, los datos del Ministerio de Salud muestran una enorme distancia, pues reporta 4,492 contagios y 137 fallecimientos. Los departamentos más afectados por el contagio son Managua, la capital, Matagalpa y León; mientras en el caso de los fallecimientos, son Managua, Masaya y Matagalpa.

En este período, la población comenzó a reactivar sus actividades cotidianas confiando en una aparente disminución de la amenaza, sin embargo, los especialistas advirtieron que en realidad el país se encuentra en una “meseta” de contagios con el consecuente estacionamiento de la pandemia, pero que el peligro no ha disminuido ni mucho menos. En las proyecciones que han efectuado, prevén un rebrote con funestas consecuencias.

Los especialistas han insistido en esta alerta durante las últimas semanas, especialmente desde que se conocieron públicamente los verdaderos datos sobre el uso de las pruebas que el gobierno ha recibido como donación. La información fue filtrada por Anonymus que hackeo las páginas del Ministerio de Salud y extrajo una base de datos. De acuerdo con el análisis realizado por un médico epidemiólogo hasta julio se habían efectuado más de 17 mil pruebas en todo el país, de las cuales 9,683 resultaron positivas (56 %). Con todo, la cantidad de pruebas aplicadas es la menor en Centroamérica.

El análisis concluye que, para finales de ese mes, el estimado de personas contagiadas era de 100 mil, incluyendo a aquellas con síntomas leves o asintomáticas. El gobierno, por su lado, a pesar de que los datos quedaron al descubierto, mantiene sus opacas estadísticas, negando los efectos de la pandemia en el país.

Política de negación y discurso variable

Durante los últimos dos meses, el gobierno ha hecho un giro en el discurso sobre la pandemia. Después de negar rotundamente su existencia o sus efectos en el país, tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo han admitido su existencia y los riesgos que presenta, aunque de manera tímida. En varias de sus últimas comparecencias públicas ambos han aparecido guardando la distancia física de prevención y el 19 de julio, aniversario de la revolución, aparecieron públicamente utilizando mascarillas por primera vez.

Esos gestos, sin embargo, no han modificado la política necrófila que la pareja presidencial ha adoptado desde el inicio de la pandemia, pues mantiene las disposiciones de no facilitar equipo de protección básico al personal de salud a pesar de que más de 30 médicos han fallecido por COVID-19; tampoco ha adoptado disposiciones para proteger a los maestros ni los centros escolares. Lo mismo sucede con otros trabajadores estatales que han estado permanentemente expuestos al contagio.

Ha mantenido las convocatorias para realizar actividades multitudinarias de diferente tipo, tales como partidos de beisbol, fiestas patronales, ferias y actividades políticas donde sus partidarios se exponen de forma irresponsable. De la misma forma, ha sostenido la política del silencio y la manipulación al negarse a informar de manera clara y transparente a la ciudadanía y organismos internacionales sobre la evolución de la pandemia desde su aparición en el país.

A la misma vez, el gobierno ha tenido cierta flexibilidad con algunas instituciones para la aplicación de medidas de prevención, tal como ha sucedido con el ejército, que ha implementado sus propias disposiciones desde que se conocieron las primeras alertas mundiales, según las propias declaraciones de la institución, y que además, ha realizado más de 20 jornadas de desinfección o fumigación en diferentes localidades del país.

En otros casos ha tomado disposiciones absolutamente radicales como las que ha impuesto a las líneas áreas internacionales para que puedan operar en el país y la inhumana decisión de presentar obligatoriamente el resultado negativo de la prueba COVID y cobrar una suma exorbitante de dinero por su realización los nicaragüenses que quieran entrar o salir del país, a pesar de que todas las pruebas de que dispone el gobierno han sido donadas para su aplicación gratuita.

Con esa política pendular y antojadiza, el gobierno de los Ortega-Murillo en este período ha logrado tener acceso a fondos externos de organismos internacionales para atender la emergencia. Presionados por el efecto de la crisis sociopolítica y el de la pandemia sobre la economía, han accedido a recibir esos créditos y fondos en condiciones de supervisión y control especiales; sin embargo, en el caso de donaciones como las de Taiwán, la distribución y uso de los recursos ha sido completamente discrecional.

El drama de los nicaragüenses en retorno

Después del drama que se vivió a finales de abril y el mes de mayo con los entierros express, el gobierno de los Ortega-Murillo expuso a la sociedad nicaragüense a un nuevo y terrible drama: el de los nicaragüenses que han intentado regresar desde diferentes países para reunirse con sus familias. Luego de negar los efectos de la pandemia, el gobierno pasó a una posición radicalmente inhumana al negarles la entrada al país a pesar de que ellos mismos estaban cubriendo los costos de su retorno.

En efecto, a diferencia de otros gobiernos que han puesto a la orden de sus ciudadanos diversos mecanismos y recursos para repatriar a sus connacionales, el de los Ortega-Murillo dejó prácticamente abandonados a su suerte a distintos grupos de nicaragüenses que, principalmente por razones laborales, estaban fuera del país.

El primer caso se presentó en abril cuando un grupo de unos 48 nicaragüenses que trabajaban en El Salvador y quedaron varados en la frontera aproximadamente por un mes cuando intentaban regresar al país. Ante la negativa del gobierno Ortega-Murillo de permitirles la entrada, este grupo de nicaragüenses permaneció a la intemperie hasta que se cansaron de esperar una respuesta y decidieron entrar al país por puntos ciegos.

Otro caso se presentó en junio con dos grupos de casi 200 nicaragüenses, la mayoría originarios de la Costa Caribe, que trabajan en cruceros turísticos y a los cuales también les negó el ingreso al país a pesar que sus empresas pusieron a disposición incluso vuelos charter para su repatriación. Los nicaragüenses permanecieron varados en alta mar durante varias semanas y sus familiares organizaron algunas protestas públicas en Bluefields, hasta que el gobierno decidió permitir su ingreso previo cumplimiento de varios requisitos, entre ellos, presentar los resultados negativos de la prueba COVID.

El siguiente caso fue el de un grupo de unos 44 nicaragüenses encabezados por la atleta Sayra Laguna que intentaban regresar al país por tierra desde el norte de Centroamérica. Este grupo organizó una caravana y sorteando numerosas dificultades llegaron hasta la Guatemala donde fueron retenidos mientras se hacían las coordinaciones entre los gobiernos de los países de tránsito y el acuerdo de Nicaragua para recibirlos. Este grupo también estuvo prácticamente a la intemperie por un poco más de 30 días hasta que les hicieron la prueba de COVID y los que resultaron negativo, pudieron ingresar al país.

Poco después, un grupo de unos 200 nicaragüenses intentó regresar al país desde Panamá, fueron separados en dos tantos y se les permitió el ingreso luego de coordinaciones que incluyeron a Costa Rica y la misma Nicaragua. Inicialmente ingresó un grupo de 100 y otro similar se preparaba para entrar al país, sin embargo, otros nicaragüenses que estaban en Costa Rica llegaron hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas para entrar también. Este fue el inicio de una de las crisis humanitarias más fuertes de este período de pandemia.

Rápidamente en el puesto fronterizo de Peñas Blancas se reunieron más de 600 nicaragüenses que querían regresar a su país. El gobierno de los Ortega-Murillo se negó a recibirlos y ante los reclamos y presión de los ciudadanos, instaló un fuerte dispositivo que incluyó agentes de migración, policía y fuerzas militares para impedir cualquier intento de protesta o de ingreso. Los ciudadanos permanecieron en el lugar por un lapso aproximado de dos semanas, a la intemperie, asistidos por organismos y personas que les brindaban comida, a la espera que el gobierno de Nicaragua les permitiera el ingreso al país.

El gobierno de los Ortega-Murillo abandonó a su suerte y colocó a sus ciudadanos en un limbo migratorio al no permitirles el ingreso al país. En esa situación, un buen grupo de ellos desistió de su propósito y reingresó a Costa Rica; otros, intentaron entrar a través de puntos ciegos. De estos últimos, algunos fueron detenidos por el Ejército y expulsados del territorio nacional.

En la medida que la crisis se prolongó en el tiempo y las condiciones de los nicaragüenses se agravaron en la frontera, el gobierno anunció que dejaría entrar a aquellos que tomaran la prueba de COVID y obtuvieran resultados negativos. En ello influyó también la presión del grupo, de la ciudadanía dentro y fuera del país, y de la comunidad internacional. Diferentes organizaciones nicaragüenses y costarricenses, así como el gobierno de Costa Rica facilitaron los recursos y condiciones necesarias para la realización de las pruebas y el ingreso de los nicaragüenses a su país.

Finalmente, el grupo ingresó al país, pero el drama no ha concluido, pues miles de nicaragüenses que se encuentran fuera del país y están padeciendo los efectos económicos de la pandemia, desean regresar. De hecho, el mismo gobierno admitió a finales de agosto que en el período de la pandemia habrían regresado al país unos 58 mil nicaragüenses. De la misma forma que los llamados entierros express, este drama desnudó nuevamente la falta de humanidad de los Ortega-Murillo con los nicaragüenses, así como su política de muerte.

Los efectos colaterales

La pandemia tiene efectos colaterales, algunos de ellos como resultado de los efectos globales generados por la misma pandemia y otros relacionados con las condiciones específicas del país. Uno de los más importantes se refiere a la situación económica, un efecto que se extenderá en el largo plazo y provocará el agravamiento de la situación que vive la mayoría de población.

En efecto, después de dos años de crisis sociopolítica, la economía se encuentra en un escenario complejo en el que los indicadores de desempleo, pobreza y decrecimiento comenzaron a afectar duramente a toda la sociedad nicaragüenses, especialmente a sectores como las zonas francas, las actividades financieras, el turismo y la construcción, entre otras. El gobierno en vez de procurar una solución pacífica y pronta la crisis sociopolítica para frenar sus efectos económicos y el cese de las fuentes de cooperación decidió incrementar la carga tributaria a la población.

La pandemia y sus efectos agravaron aun más la situación porque han incrementado los niveles de desempleo y frenado una gran cantidad de actividades económicas, especialmente aquellas vinculadas con la pequeña y mediana producción, así como las actividades informales de las cuales depende una mayoría de población. El gobierno de los Ortega-Murillo, a diferencia de otros, ha decidido mantener las altas cargas tributarias sobre la población y no emprender ningún programa de ayuda económica que contribuya a paliar los efectos sobre los sectores más vulnerables.

De acuerdo con los análisis de economistas reconocidos, el país se encuentra ya en un estado de depresión económica pues tiene tres años consecutivos de decrecimiento y algunos indicadores muestran un retroceso de tal magnitud similar al que presentaban hace cinco o seis años atrás. El panorama no muestra perspectivas de mejoría para el próximo año, de manera que la búsqueda de una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país se mantiene como la alternativa más efectiva también para frenar sus efectos económicos.

Presionada por la aguda situación, la población ha relajado las medidas de prevención que voluntariamente habían adoptado para frenar el contagio al COVID-19; sin embargo, eso tiene un efecto sanitario pues expone a más personas al riesgo de contraer la enfermedad.

Otros efectos colaterales de la crisis sociopolítica y la pandemia que vive el país son el incremento de la inseguridad y la violencia en general. Durante los últimos dos años ambas han aumentado significativamente como una expresión de la política de represión y el estado de excepción de facto que ha establecido el gobierno de los Ortega-Murillo. La violencia política no ha cesado y en los últimos dos meses se ha instalado una nueva fase de represión, pero también ha sucedido que esa violencia promovida desde el gobierno se ha extendido hacia otras formas de violencia social como la delincuencia y la criminalidad común.

Algunos de los delitos que se han incrementado durante los últimos dos años son los asaltos, los robos y los asesinatos. También se ha incrementado significativamente la violencia hacia las mujeres, tal como se puede observar en la cantidad de femicidios que han ocurrido durante el primer semestre del 2020. Una situación similar se presenta en el caso de los asesinatos que han aumentado un 338 % respecto al mismo período del año 2019 y además, ahora ocurren tanto en las zonas urbanas como rurales.

Los factores que influyen en este incremento de la inseguridad y la violencia son, entre otros: la dedicación de la policía más a las acciones de represión que a la protección de la ciudadanía y la prevención de los delitos; la existencia y actuación impune de los grupos paramilitares en diferentes ciudades del país; mayor presencia de armas de fuego, especialmente armas de guerra en manos de los paramilitares; la liberación de una gran cantidad de personas detenidas en centros penales, de los cuales una parte de ellos está cometiendo delitos nuevamente. Pero sobre todo, el discurso de odio que promueve el gobierno de los Ortega-Murillo.

Las vicisitudes de la Coalición

A finales de junio se firmaron los estatutos de la Coalición Nacional, marcando un hito en el proceso político del país considerando que la constitución de este espacio permanece como una de las expectativas más importantes de la población para hacer frente a Ortega y encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica desde que inició hace poco más de dos años. Sin embargo, ese momento importante también reveló las fuertes contradicciones que existen entre sus integrantes por las diferentes perspectivas e intereses en relación con la composición, el proceso de toma de decisiones y los aspectos críticos de la agenda.

Lo cierto es que las tensiones se han presentado en diferentes momentos desde antes de la conformación de la Coalición a finales del 2019 y luego a inicios de 2020; sin embargo, se han profundizado durante los últimos dos meses. La influencia de los partidos políticos en la toma de decisiones, la participación de los jóvenes con asiento propio en la Coalición y las tensiones entre la ACJD y la UNAB han sido algunos de los ejes de las disputas. En medio de todo, hay algunos avances en la construcción de consensos como el que se alcanzó sobre las propuestas de reformas electorales. No es extraño que sigan presentándose, considerando que los actores y fuerzas políticas del país tienen diferentes perspectivas, intereses, agendas y posicionamientos sobre las elecciones del 2021.

Del otro lado de las élites y los liderazgos políticos está la opinión pública y las expectativas ciudadanas. La agudización de las contradicciones entre las primeras ha avivado el debate público, especialmente en las redes sociales. Destacan las posiciones críticas con matices que van desde las posiciones radicales a otras más conciliadoras. Una buena parte de las opiniones señala que la Coalición no responde a las expectativas de la gente y que está tomando el mismo camino de los arreglos bajo la mesa que se volvieron frecuentes entre las élites de Nicaragua en décadas pasadas. Otras opiniones coinciden en señalar que uno de los errores de la Coalición fue permitir la entrada de los partidos políticos y sus prácticas viciadas. Mientras otras opiniones consideran que se trata de un proceso con avances a pesar de las tensiones considerando que los actores son diversos y la construcción de consensos es compleja.

Dos procesos han avanzado de manera simultánea. Se trata de una especie de “institucionalización” de los espacios de participación política, así como la ampliación y fortalecimiento de las estructuras organizativas en diferentes localidades del país, especialmente en el caso de la ACJD y la UNAB. En el primer caso, este proceso de institucionalización ha significado la creación de normativas internas sobre todo en las principales plataformas del movimiento, tales como la ACJD, la UNAB y la misma Coalición; estas normativas regulan aspectos organizativos, la gobernanza y otros de interés a lo interno de las plataformas. En el segundo caso, a pesar de que la pandemia y sus riesgos no han cesado, los directivos nacionales de la UNAB, la ACJD y el Movimiento Campesino, han iniciado una serie de visitas a distintos municipios a fin de avanzar en la conformación de estructuras organizativas y el fortalecimiento de las ya existentes. La UNAB ha informado que ya cuentan con representaciones en más de 120 municipios.

También está en curso un proceso de reconfiguración de las plataformas y alianzas que se habían construido hasta ahora en el movimiento cívico, de tal manera que hay actores adentro y actores afuera que tratan de influir estos procesos, la toma de decisiones y la legitimación de la interlocución política. Dentro de la Coalición, los partidos políticos son los más interesados en controlar los procesos de toma de decisiones y arrastrar a los demás actores hacia sus los repertorios de prácticas políticas que han utilizado durante las últimas décadas.

Otros actores que están fuera de la Coalición, como los jóvenes, también intentan influir a la Coalición desde donde se encuentran y han planteado una disputa con estos actores y sus prácticas tradicionales. Los empresarios privados, principalmente los grandes empresarios, también constituyen un actor que hace presión para influir en la Coalición y hacer prevalecer sus intereses.

La represión no ha cesado: ataques a la iglesia y periodistas

En las últimas semanas de julio y las primeras de agosto se produjeron una serie de ataques y profanaciones a templos religiosos católicos que incluyeron destrucción de imágenes, robos, pintas en las paredes y agresiones a sacerdotes o personas vinculadas con los templos. El más grave de ellos fue el ataque e incendio a la catedral de Managua que tuvo como resultado la destrucción de la imagen de la Sangre de Cristo, tal vez el ícono religioso más apreciado por toda la población católica del país. Personas que presenciaron el ataque dieron detalles precisos, sin embargo, la policía lo atribuyó a un accidente con velas después que Rosario Murillo, la vicepresidenta, así lo dijo.

Estos ataques han abierto una clara confrontación entre los Ortega-Murillo y la jerarquía de la iglesia católica al más alto nivel, pues el arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, visiblemente molesto negó reiteradamente la versión de Murillo y la policía, calificando el hecho como un ataque planificado y terrorista. Por su parte, el Papa en Roma, también lamentó el ataque. Eso sin mencionar la reacción de la ciudadanía que no se hizo esperar y la comunidad religiosa en diferentes partes del mundo que condenaron el ataque.


Las relaciones entre iglesia y gobierno se encuentran en tensión desde que emergió la crisis sociopolítica del 2018 por el respaldo que los religiosos han brindado a los ciudadanos. En diferentes momentos, los templos religiosos, sacerdotes y feligreses han sufrido agresiones, y poco antes de las profanaciones y el ataque a Catedral, en la celebración del 19 de julio, Rosario Murillo mandó a arreglar el local con un signo esotérico gigante que generó un gran repudio de la opinión pública, así como el rechazo de la iglesia.

Un par de semanas después, oficiales de la policía visitaron varios templos católicos ofreciendo a los sacerdotes protección y resguardo frente a los ataques; sin embargo, la iglesia rechazó el ofrecimiento alegando que no lo necesitan. Los ataques cesaron durante el resto de agosto; sin embargo, las tensiones entre la jerarquía católica y el gobierno se mantienen en punto alto.

En este período también se han incrementado los ataques del gobierno, particularmente la policía y grupos paramilitares, en contra de periodistas y medios de comunicación independientes, tal como ha sucedido con el caso de Radio Darío en la ciudad de León, La Prensa, Radio La Costeñísima en Bluefields y periodistas independientes. Además, el gobierno ha inaugurado una nueva modalidad de intimidación y amenaza a través de acusaciones y juicios por calumnias a varios periodistas en diferentes localidades del país.

También se ha incrementado el asedio, las amenazas y las detenciones arbitrarias de policías y paramilitares en contra de líderes sociales y prisioneros políticos excarcelados. De tal manera que es posible identificar que una nueva etapa de represión se encuentra en ejecución por parte del gobierno Ortega-Murillo.

El camino siempre es cívico

La dinámica con la que se están desenvolviendo los acontecimientos en Nicaragua, muestran que indudablemente se están acelerando los procesos de cara a las elecciones señaladas para noviembre de 2021. A pesar de que en el movimiento cívico han surgido varios grupos que rechazan las elecciones, lo cierto es que una mayoría de población todavía las considera como la mejor alternativa para resolver la crisis sociopolítica del país, tal como se puede apreciar en los resultados de las encuestas de opinión más recientes.

En ese escenario, la Coalición Nacional también aparece como el vehículo idóneo para disputarle a Ortega el poder; sin embargo, también es cierto que se requieren condiciones indispensables para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto con tranquilidad y transparencia. Dos de ellas son la realización de reformas electorales y contar con seguridad para la realización de las actividades proselitistas durante la campaña electoral, el propio día de las elecciones y posteriormente.

Ese nuevo momento en la contienda política requiere también una intensa preparación y organización a nivel territorial, así como la generación de nuevas formas de protesta, presión y resistencia ciudadana. Esas fortalezas del movimiento cívico tienen que construirse desde antes aun cuando el escenario es complejo debido la situación de la pandemia y sus efectos. En este momento la principal responsabilidad recae en los liderazgos políticos pues están obligados a responder a las expectativas de la población, construir consensos y contribuir de las formas posibles a fortalecer los tejidos de organización y movilización ciudadana. El camino hacia la transición siempre es cívico y pacífico.