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- 24 Jun 2020

Una política criminal en el pico de la pandemia

Boletín Perspectivas

De acuerdo con todas las proyecciones realizadas por especialistas nacionales e internacionales, mayo es el mes en el que la curva de contagio iba a iniciar su ascenso crítico en Nicaragua. En efecto, desde la última semana de abril, en diferentes lugares del país comenzaron a ocurrir decesos súbitos de personas en las calles y los centros hospitalarios comenzaron a llenarse de enfermos y los llamados “entierros express” comenzaron a volverse una práctica frecuente. Mientras tanto, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han mantenido su política necrófila exponiendo al contagio indiscriminado a la población, sus simpatizantes y el personal de salud.

Se eleva la curva de contagios

Luego de una cantidad de informes oficiales confusos en los que los casos de contagio por Covid-19 identificados a veces crecían y a veces decrecían mágicamente, al 23 de abril el gobierno Ortega-Murillo todavía no reconocían más que 14 casos confirmados de contagio, de acuerdo a lo que consigna el Observatorio Ciudadano Covid-19 para Nicaragua, una iniciativa ciudadana que desde sus inicios ha publicado semanalmente las cifras que se obtienen tanto de los informes oficiales como de su propio seguimiento a través de una enorme red de información comunitaria. Sin embargo, ya para finales del mes el gobierno no pudo ocultar más que la curva de contagios está creciendo exponencialmente en el país y tuvo que reportar un incremento dramático en las cifras de contagios y personas fallecidas, pasando de 25 casos a mediados de mayo a 759 a finales del mismo mes.

Por su lado, el Observatorio Ciudadano registra un crecimiento exponencial de los casos registrados y de la cantidad de muertes sospechosas a causa del virus, de tal manera que el total de casos entre finales de abril e inicios de junio ascendió de 532 a 3,740 y la cantidad de fallecimientos pasó de 57 a 1,289. En el caso de Observatorio, como se trata de una iniciativa ciudadana que funciona a partir del enfoque de la vigilancia comunitaria y el gobierno se ha negado a facilitar información detallada y transparente sobre la cantidad de contagios, personas recuperadas, fallecidas, cantidad de pruebas administradas, entre otras, el registro del Observatorio es una aproximación. Pero en ambos casos, tanto en los datos del gobierno como del Observatorio, es notario el crecimiento de la curva.

Si se analizan los datos oficiales, la Velocidad de Ritmo de Contagio o Ritmo Básico de Contagio (Ro), es errática e improbable, pues es imposible que en una semana cada portador del virus contagie 1.55 personas, a la semana siguiente contagie 11.16 y la siguiente contagie solamente a 2.72 personas. Este comportamiento errático solamente se puede explicar por el subregistro y falta de transparencia en los datos que las autoridades de salud brindan al público en relación al avance en el nivel de contagio, pues es imposible que de una semana a otra la cantidad de personas contagiadas incremente en un 1,000%. Alguien está jugando a los dados cuando ofrece la información.

Con todo y a pesar de la forma caprichosa que se presentan las cifras oficiales, arrojan un ritmo básico de contagio promedio de 3.22; es decir que cada persona contagiada puede contagiar al menos a 3 personas más. Este es un ritmo mayor que el 2.5 calculado originalmente por el mismo gobienro y ofrecen un panorama aterrador. La Tasa de Letalidad muestra un comportamiento similar. Al 5 de mayo, el Ministerio de Salud registró una tasa de letalidad muy elevada, de 37.5 por cada cien personas contagiadas; pero dos semanas después, en un abrir y cerrar de ojos, esta tasa se redujo a su sexta parte. El gobierno no tiene la capacidad de movilización necesaria, ni existe un medicamento lo suficientemente efectivo para lograr esos resultados en quince días.

El seguimiento realizado por el Observatorio Ciudadano Covid-19 en Nicaragua, ofrece una visión más aproximada a la realidad y datos más estables. Según estos registros, el Ritmo Básico de Contagio promedio para este período es de 1.54 y la Tasa de Letalidad promedio es de 25.6 personas por cada cien contagiados. En otras palabras, las cifras indican que la tasa exponencial de crecimiento del contagio no es tan pronunciada, lo que si es preocupante es que una cuarta parte de las personas que sufren del contagio, fallecen. Los datos resultan alarmantes pero son coherentes con la falta de infraestructura de salud apropiada para la atención de las personas contagiadas y con las decisiones que han prevalecido en la gestión de esta crisis por parte del gobierno.

Una gestión premeditadamente criminal

La forma en que el gobierno ha gestionado la emergencia dista mucho de las políticas que han seguido otros gobiernos. Los Ortega-Murillo a través de su asesor principal, ha argumentado que están aplicando “la estrategia sueca”. Sin embargo, es evidente que entre Nicaragua y Suecia hay diferencias abismales en los niveles de desarrollo y las condiciones del sistema de salud; los suecos si adoptaron medidas, más flexibles que el resto de Europa, pero las adoptaron; mientras que, por otro lado, los suecos se han visto obligados a reconocer que adoptaron una estrategia equivocada y actualmente tienen una alta tasa de contagio y fallecimientos a causa del virus.

El otro argumento supuesto del gobierno Ortega-Murillo era la búsqueda de la inmunidad del rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, algo que en Suecia e Inglaterra quedó suficientemente demostrado que no era efectivo. De tal manera que la “estrategia” de los Ortega-Murillo no tiene asidero epidemiológico, ni económico ni político. Se trata meramente de una voluntad necrófila, inescrupulosa y criminal que expone a la población a altísimos niveles de contagio y más recientemente, a médicos y paramédicos.

Tres de los ejemplos más dramáticos es la insistencia en organizar actividades públicas que implican concentración de personas, exponiendo a sus propios simpatizantes y partidarios, de los cuales ya se registran un poco más de 50 fallecidos, entre ellos algunos funcionarios públicos de primer nivel como diputados, policías, militares y técnicos de varios ministerios. Por otra parte, el gobierno insiste en no adoptar oficialmente ninguna clase de medidas y afirma que en Nicaragua no hay pandemia, pero se niega a permitir el regreso varios grupos de connacionales que se encuentran varados en las fronteras o en alta mar sin poder regresar a sus hogares. El tercer caso es el de los prisioneros que se encuentran en los centros de detención, especialmente los prisioneros políticos que han sido abandonados a su suerte.

Inéditos esfuerzos ciudadanos

Durante el mes de mayo, se ha agravado la situación del sistema de salud debido al incremento de la cantidad de enfermos y personas fallecidas a causa del virus en los distintos hospitales y centros de salud del país, tanto públicos como privados. El gremio médico ha jugado un papel protagónico tanto en sus centros de trabajo como en los medios informativos. Pero la forma en que el gobierno los ha expuesto innecesariamente al contagio prohibiéndoles el uso de equipos de protección, facilitando condiciones en los centros hospitalarios y medicamentos para los pacientes ha significado un alto costo. Hasta la fecha, más de 40 doctores y doctoras, así como otro personal de salud han fallecido contagiados mientras cumplían con su deber.

Recientemente, 34 asociaciones médicas han llamado a la población a una cuarentena voluntaria ante la inacción absoluta del gobierno. En respuesta a la inquietud creciente y a las propuestas y demandas del gremio médico, las autoridades optaron por una medida totalmente inconcebible en tiempos de pandemia despidiendo a 12 médicos especialistas que de alguna forma habían manifestado su posición crítica; pero además, los Ortega-Murillo han dado órdenes de acosar a los profesionales de la salud con la Policía y los grupos paramilitares.

En todo el país se han mantenido e incluso extendido las iniciativas ciudadanas en solidaridad con los médicos, pero también respecto a grupos de población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o expuestos a riesgo de contagio inminente por sus condiciones laborales o de subsistencia. En las últimas semanas y considerando la falta de acción gubernamental, unas 12 comunidades indígenas han adoptado sus propias medidas de prevención y algunas han establecido cuarentenas para prevenir el contagio entre sus pobladores; igual ha hecho la alcaldía de Muelle de los Bueyes, un municipio en el centro del país.

Los avances de unidad en medio de la pandemia

A pesar de que las preocupaciones han estado concentradas en la pandemia y sus efectos, el proceso político del país ha mantenido su dinámica de cambio, de manera que las principales plataformas ciudadanas del movimiento cívico, la ACJD y la UNAB, mantienen sus actividades en función del fortalecimiento de las organizaciones territoriales. Además, se han mantenido los esfuerzos en función de consolidar la Coalición Nacional.

Este último proceso ha enfrentado dificultades durante las últimas semanas por varias razones. Una de ellas es la intensa presión de actores colaboradores del gobierno que desde los espacios creados para la construcción de consensos, hacen intentos por crear tensiones y boicotear el esfuerzo. Otra dificultad se relaciona con los ataques que se lanzan desde las redes sociales para esparcir rumores y alimentar una opinión pública desfavorable.

Aunque la principal preocupación de los ciudadanos y de una buena parte de las organizaciones del movimiento cívico es la pandemia, lo cierto es que dentro del movimiento y aun dentro de la Coalición, hay actores con perspectivas distintas en relación a la alternativa de salida a la crisis. Un grupo de ellos, principalmente los que integran la Coalición, consideran que la salida política más factible son las elecciones del 2021, pues pueden permitir una salida pacífica a la crisis y la apertura de una eventual transición.

La realización de reformas electorales se ha planteado como indispensable para unas elecciones limpias y transparentes; sin embargo, algunos creen que esas reformas no se realizarán porque dependen de Ortega que controla la Asamblea Nacional; mientras tanto, otros grupos piensan que haciendo presión interna e internacional se pueden lograr reformas para unas eventuales elecciones. Entre estas dos posiciones hay otras con matices, de manera que alrededor de este punto todavía no hay un consenso firme establecido.

Otros grupos, especialmente varios que se encuentran en el exterior, consideran que la mejor alternativa es la conformación de una junta de gobierno provisional y han abierto un debate fuerte con las posiciones que ven la salida electoral como la alternativa más factible. Otros grupos del movimiento cívico consideran que participar en las elecciones con Ortega en la presidencia sería un acto de traición, aunque se realicen reformas electorales y, aunque no plantean una propuesta alternativa, también presionan el esfuerzo de la Coalición.

Indudablemente, la pandemia ha introducido un elemento sumamente complejo a la crisis que arrastra el país desde el 2018, tanto para el gobierno de los Ortega-Murillo como para el propio movimiento cívico y especialmente para el esfuerzo de la Coalición Nacional.

La principal preocupación de la ciudadanía en este momento es protegerse y proteger a sus familias del contagio, así como procurar la atención médica necesaria para quienes contraigan el virus y asegurar la subsistencia económica de sus familias. En medio de esta situación, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha perdido totalmente la legitimidad y la capacidad real de gobernar; su nivel de control sobre la ciudadanía se reduce al uso de la fuerza y la represión, de tal manera que ya no tiene mayor futuro político por mucho que su permanencia en el poder se prolongue en el tiempo.

Para el movimiento cívico y la Coalición Nacional el reto es mayor porque además de ponerse al frente de la ciudadanía en este momento crítico de la pandemia, tienen la responsabilidad de conducir los esfuerzos ciudadanos hacia una salida pacífica y cívica, de tal manera que se pueda abrir un nuevo período de transición hacia la democracia. Eso implica que se deben construir consensos fundamentales y de carácter estratégico entre los distintos actores del movimiento, a pesar de sus diferencias. Ese un reto actual pero que compromete el futuro de Nicaragua.