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- 17 Apr 2020

Dos abriles y una pandemia

Boletín Perspectivas

Dos años atrás, en 2018, inició una de las contiendas políticas más importantes de Nicaragua en las últimas décadas: la insurrección de abril. Ese mes, cientos de miles de ciudadanos se volcaron a las calles exigiendo un cambio de gobierno, pero más que eso, un cambio en la política y sus liderazgos. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió a la avalancha política con una espiral de represión nunca vista en el país. La violencia estatal se ha prolongado en el tiempo, mientras las acciones de resistencia ciudadana no han cesado y el régimen se encuentra cada vez más débil.

La crisis, además de política, es también humanitaria por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno, y económica por sus efectos. El gobierno de los Ortega-Murillo ha cerrado la posibilidad de una salida negociada y democrática a la crisis, se ha aislado de la comunidad internacional e insiste con mantener un estado de excepción de facto sobre el país. A esa crisis se ha superpuesto otra, igual o más compleja: la pandemia global del COVID-19 o Coronavirus y las graves consecuencias que tendrá en el país por la actitud premeditadamente negligente del gobierno Ortega-Murillo. En esas condiciones, Nicaragua se apresta a conmemorar el segundo aniversario de una fecha que ha quedado marcada en la historia por su significado y profundidad.

Los hitos de Abril

La insurrección de Abril en el 2018, sorprendió a Nicaragua y al mundo. Nadie la esperaba y nadie pudo prever sus consecuencias; pero transformó al país en unos pocos días, llevándolo a recorrer una senda sin precedentes durante dos años y lo ha sumido en una profunda crisis política.

Pero la insurrección de Abril no surgió de la nada, la crisis ya existía por el derrotero dictatorial con que Ortega conducía al país desde su regreso a la presidencia en 2007. En 2013 se había abierto un nuevo ciclo de conflictos y movilización social que transcurría principalmente en las zonas rurales y de alguna manera ya se anticipaba que el descontento ciudadano venía creciendo en todas partes. La insurrección de Abril se convirtió en un punto de inflexión y ha marcado al país con una serie de hitos que revelan la profundidad de la contienda política que abrió. Algunos de los hitos que ha tenido el proceso se reseñan a continuación.

La insurrección de Abril inició con las protestas que realizaron estudiantes universitarios a inicios de ese mes, cuando el gobierno se negó a atender el incendio en la reserva biológica conocida como Indio Maíz. Las protestas escalaron de nivel cuando Ortega decidió realizar una reforma al sistema de seguridad social a mediados del mes, pero sobre todo cuando las fuerzas de choque organizadas por el mismo gobierno para contener las movilizaciones ciudadanas salieron el día 18 de abril junto con dispositivos de policías antimotines a agredir manifestantes en diferentes ciudades del país. Al día siguiente los universitarios decidieron ocupar varios recintos, el nivel de represión aumentó y se produjeron los primeros heridos; pero al día siguiente, cuando la represión de la policía y los grupos de choque dio como resultados los primeros asesinatos, la movilización aumentó y se extendió prácticamente a todo el país. La cantidad de personas heridas, asesinadas y apresadas incrementó por causa de la represión generalizada, pero no detuvo las numerosas marchas y acciones cívicas de protesta que se realizaron en todo el país, obligando al gobierno a convocar la realización de un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

El Diálogo Nacional inició el 16 de mayo entre una representación del gobierno que el día de la inauguración fue presidida por el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras del lado de la oposición había una representación integrada por jóvenes, campesinos, trabajadores, Costa Caribe, academia, sociedad civil, sector privado, entre otros actores. La iglesia católica jugó el papel de facilitadora y testigo. Las movilizaciones y protestas se mantenían y arreciaban en todo el país, mientras el Diálogo transcurrió con tropiezos por la falta de voluntad del gobierno hasta que las sesiones se suspendieron por falta de avances. A pesar del fracaso del Diálogo, los diferentes actores convocados por la Conferencia Episcopal, conformaron una plataforma a la que llamaron Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

En ese período, el gobierno elevó los niveles de violencia y represión. El punto de inflexión fue la aparición de los grupos paramilitares que comenzaron a actuar a finales de mayo, tal como sucedió en la Marcha de las Madres, el 30 de ese mes, y los meses siguientes cuando en conjunto con la policía, ejecutaron la “Operación Limpieza” en diferentes ciudades del país, atacando a la población y grupos de protestantes. Desde entonces hasta finales del 2018, las acciones de represión elevaron cada vez más los niveles de violencia con una escalada de muertes, cárcel, tortura y exilio para miles de nicaragüenses.

Durante el último trimestre del año se logró la conformación de una plataforma amplia de actores, organizaciones y movimientos sociales en todo el país bajo el nombre de Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Frente a la incapacidad de frenar las protestas y movilizaciones, el gobierno de los Ortega-Murillo decidió impedir las marchas prohibiendo su realización y estableciendo un estado de excepción de facto, silenciar a los medios de comunicación y periodistas independientes, y las ONGs que consideraban promotoras de la movilización social.

El 2019 inició con acciones de resistencia a pesar de la represión y el estado de excepción impuesto. Además, se incrementó la presión internacional sobre el gobierno Ortega-Murillo, especialmente con la imposición de sanciones de parte de Estados Unidos a varios funcionarios. En febrero se instaló una segunda ronda de negociaciones con un nuevo formato; el gobierno decidió excarcelar a varios grupos de prisioneros políticos, sin otorgarles libertad plena y sometiéndolos desde entonces a amenazas, agresiones, asedio y vigilancia permanente. La negociación dio como resultado un acuerdo para restablecer los derechos ciudadanos, sin embargo, el gobierno no cumplió con el mismo, de manera que las sesiones se estancaron nuevamente hasta que a mediados de año el gobierno cerro oficialmente la negociación.

Durante la segunda mitad del 2019, las diferentes organizaciones del movimiento cívico, especialmente la ACJD y la UNAB, se enfocaron en fortalecer sus vínculos con los actores, organizaciones y movimientos en los territorios para conformar una Gran Coalición. Además, se mantuvieron las acciones de protesta a pesar de la prohibición para la realización de marchas, los amplios despliegues de policía para impedir cualquier actividad de protesta ciudadana y otras acciones de represión dirigidas en contra de prisioneros políticos excarcelados, periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Este período también ha estado marcado por la permanente presión internacional, especialmente las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de diversos funcionarios del gobierno, comenzando por Rosario Murillo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, el director y varios oficiales de la Policía, así como la misma institución, los presidentes del Consejo Supremo Electoral y algunos funcionarios más.

Las demandas de justicia, libertad para los prisioneros políticos y cese de la represión han permanecido como aspectos críticos de la agenda nacional desde los primeros días de abril de 2018 y ha sido promovida principalmente por las organizaciones de víctimas y familiares de víctimas como la Asociación Madres de Abril (AMA) y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).


Los actores y sus dinámicas

Antes de la insurrección de Abril, se decía que en Nicaragua tanto las fuerzas de oposición como la sociedad civil estaban débiles y fragmentadas. Las acciones de protesta y movilización iniciaron de manera autoconvocada con la participación de miles y miles de ciudadanos que hasta ese momento no tenían experiencia previa de movilización y organización. Los ciudadanos hacían sus propias convocatorias y se reunían en distintos puntos del país sin que hubiese una organización o líder convocando, o una planificación previa de las acciones. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, el 23 de abril de 2018, cuando en medio de una multitudinaria marcha convocada por la empresa privada, las personas participantes decidieron cambiar la ruta y dirigirse hacia la Universidad Politécnica (UPOLI), ocupada por estudiantes universitarios.

Cuando escalaron las acciones de represión, ciudadanos de diferentes localidades del país comenzaron a autoconvocarse y organizarse tanto para defenderse de los ataques de la policía y los grupos de choque como para atender a las víctimas de la represión o realizar acciones de movilización y protesta. Esas formas incipientes de organización dieron paso a estructuras más complejas en las localidades o territorios y distintos sectores, que se sumaron a organizaciones y movimientos sociales que ya existían antes de la insurrección de Abril hasta conformar al movimiento cívico y las dos plataformas organizativas más importantes: la Alianza Cívica (ACJD) y la Unidad Nacional (UNAB).

Uno de los actores con mayor protagonismo han sido los jóvenes provenientes de diferentes sectores sociales: universitarios, estudiantes, localidades y territorios, entre otros. Los jóvenes realmente se pusieron al frente de las acciones de movilización y protesta desde el primer momento. Ese protagonismo les ha ganado un enorme reconocimiento de parte de toda la sociedad nicaragüense, porque no se ha extinguido y mantienen la resistencia en contra del gobierno de los Ortega-Murillo. Además, han dado lugar al resurgimiento del movimiento juvenil que había estado decaído al menos por dos décadas. Este movimiento es incipiente, experimenta tensiones y conflictos que son propias de la amplitud de sectores e intereses que están representados en su interior por las diversas organizaciones de jóvenes; pero es un movimiento dinámico que ahora cuenta con enormes recursos y experiencia para la acción social de manera que es previsible que mantenga sus niveles de participación.

El movimiento de mujeres y el movimiento campesino han sido otros dos actores de gran beligerancia durante la insurrección cívica de Abril. La verdad es que estos movimientos ya existían y estaban activos desde mucho antes, habían construido sus propias redes organizativas y de liderazgo en todo el país, de tal manera que durante la crisis se convirtieron en agentes dinamizadores de la movilización social. El movimiento de mujeres ha aportado una amplia cantera de activistas, lideresas y defensoras de derechos humanos, de tal manera que han estado al frente de las acciones sociales más importantes. Por su lado, el movimiento campesino ya había aportado numerosas y sistemáticas movilizaciones que habían interpelado públicamente al gobierno no solamente en relación a la concesión otorgada para la construcción del canal interoceánico, sino también en relación a la situación política general del país y la naturaleza dictatorial de los Ortega-Murillo.

El movimiento cívico es una realidad en Nicaragua, está integrado por una vasta red de organizaciones, actores y movimientos de diferente naturaleza, con perspectivas diversas, intereses variados y acciones de distinto tipo. Algunas de estas organizaciones y actores son más cercanos y dispuestos a la construcción de alianzas dependiendo de sus perspectivas y posicionamientos; otras tienen posiciones diferentes y hasta encontradas, pero es innegable que a raíz de la insurrección de Abril, la densidad organizativa y de participación ciudadana se incrementó considerablemente en todo el país. Ese movimiento también cuenta con una amplia red de líderes locales y sectoriales que han funcionado como vasos comunicantes y de articulación de las acciones en diferentes espacios y momentos. Todo eso ha dado lugar a nuevas formas de participación ciudadana y ha revelado una profunda convicción cívica y pacífica.


La contienda política al más alto nivel

Los Ortega-Murillo construyeron un régimen dictatorial que empujó al país hasta un punto de no retorno por los abusos sistemáticos y los diferentes tipos de represión que ha empleado contra la sociedad nicaragüenses desde el 2007 hasta la actualidad. Antes del 2018, en el país estaban en curso numerosos conflictos sociales y demandas políticas; pero a raíz de la insurrección cívica de Abril el nivel de la contienda política se elevó hasta el punto más alto. Es decir, trascendió las demandas reivindicativas y planteó un cambio de gobierno y proyecto político.

En su afán por aferrarse al poder, los Ortega-Murillo no han dudado en utilizar todos los recursos del Estado, especialmente el recurso de la fuerza letal. A pesar de eso, han ido perdiendo terreno aceleradamente y en su caída han arrastrado a todas las instituciones del Estado, su grupo de cómplices cercanos, sus simpatizantes y han pretendido arrastrar también a toda la sociedad nicaragüense. En el ámbito político llevaron las cosas hasta el punto en que su permanencia en la presidencia es imposible, de la misma forma que redujeron prácticamente a cero las posibilidades del FSLN para seguir existiendo como partido.

En el plano económico tampoco han dudado en llevar al país hasta una situación sumamente crítica, especialmente para los sectores más vulnerables. Sectores económicos como el turismo, la construcción, la banca, la pequeña y mediana producción, las actividades agropecuarias y las inversiones, entre otras, han sufrido las consecuencias de la política de represión ejecutada por el gobierno desde 2018. A eso se suma la desconfianza y el cierre de fuentes de financiamiento de parte de la comunidad internacional.

En el ámbito social, los efectos son profundos. En primer lugar, ha instalado en el país un estado de inseguridad y violencia que afecta a todos, dando lugar a una ola de asesinatos en las zonas rurales; el incremento del uso de armas de fuego en diferentes tipos de delitos, especialmente las armas de guerra; el incremento de la violencia sexual y la violencia contra las mujeres; además de la violencia política. La fragmentación social debido al enorme flujo de desplazamiento forzoso de miles de nicaragüenses hacia el exterior para preservar su integridad física de la represión, así como el incremento de la desconfianza social, también son efectos de la política represiva de los Ortega-Murillo.

Ortega se ha colocado en una posición de aislamiento respecto a la comunidad internacional, pues además de ausentarse de espacios y foros internacionales, en los pocos donde participa se niega a reconocer la realidad del país. Prácticamente ningún país confía en su gobierno, sus funcionarios no tienen ninguna credibilidad internacional y Estados Unidos ha impuesto sanciones a 19 personas comenzando por la vicepresidenta Rosario Murillo, cuatro entidades y la policía.

El profundo significado de Abril

Una buena parte de los nicaragüenses se ha hecho la pregunta: ¿valió la pena la insurrección cívica de abril? Con más o menos matices, la interrogante se ha planteado porque la crisis se ha prolongado en el tiempo más de lo que se esperaba, ha causado mucho dolor y sufrimiento a toda la sociedad, y ha significado un alto costo humanitario en vidas, personas lesionadas, encarceladas y torturadas, exiliadas y permanentemente perseguidas. Además, la política represiva del gobierno ha impuesto sobre toda la sociedad nicaragüense un estado de excepción de facto; es decir, un permanente estado en el que los derechos ciudadanos son irrespetados de manera sistemática, la ley no tiene ningún valor y ninguna institución es capaz de proteger a los ciudadanos porque todas se encuentran subordinadas a la voluntad de Ortega.


Pero la insurrección de abril tiene un profundo significado y alcance. Le ha dado un nuevo sentido a la política y reanimado la participación de actores y movimientos sociales; ha resignificado espacios, conceptos, símbolos y prácticas. También ha dado lugar a la emergencia y dinamización de actores sociales como el movimiento juvenil, así como numerosas formas de organización y participación ciudadana.

Su alcance es profundo porque va más allá de un simple cambio de gobierno, tiene implicaciones de cambio social en tanto revela transformaciones en la cultura política, además que representa el conflicto entre un viejo orden autoritario en decadencia y el nacimiento de uno nuevo que se espera, sea democrático. Ese es el más importante reto que la insurrección cívica de Abril le ha planteado a toda la sociedad nicaragüense y particularmente a los liderazgos del país. Es un reto que trasciende a Ortega y su grupo, es un reto para las generaciones actuales y las próximas, en tanto requiere el fortalecimiento de los valores democráticos y la participación ciudadana. Es un reto para el presente, pero también para el futuro.

Una crisis sobrepuesta a otra

Al complejo escenario que se configurado en Nicaragua desde la insurrección cívica de Abril se agrega una nueva variable: la pandemia global causada por el Coronavirus o COVID-19. La pandemia es la sobreposición de una crisis encima de otra, sobre todo por la decisión negligente e irresponsable del gobierno para manejar la situación.

Los efectos más dramáticos de la pandemia son de naturaleza sanitaria; sin embargo, también tiene consecuencias en el ámbito económico y social. En el caso de Nicaragua, cualquiera de los escenarios previstos en las estimaciones realizadas, son devastadores porque el sistema de salud no está preparado, pero además, porque el gobierno se ha negado sistemáticamente a adoptar medidas de prevención y control indispensables, promoviendo actividades que facilitan la propagación del virus, por el contrario.

Las previsiones económicas tampoco son alentadoras, pues a la crisis que ya existía a causa de la represión instalada desde el 2018, se sumarán los efectos globales de la pandemia al paralizarse las cadenas mundiales de producción. Estos efectos se harán sentir sobre todo en los sectores más vulnerables, especialmente aquellos que dependen del envío de remesas familiares, las actividades económicas informales o de empleos precarios. Prácticamente todos los gobiernos han adoptado medidas de apoyo económico para estos sectores, sin embargo, el gobierno de Nicaragua se ha negado a tomar ninguna clase de medidas.

En este escenario complejo y sombrío, el Estado y el presidente están ausentes. Ortega lleva más de 30 días de ausencia y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta, solamente envía mensajes diarios a través del teléfono. Otros funcionarios públicos no tienen capacidad de tomar decisiones, de tal manera que se ha creado un estado de vacío de poder en el que no hay ninguna autoridad conduciendo al país. En ese escenario, los ciudadanos han optado por autogobernarse para protegerse de la pandemia. En ese escenario, Nicaragua necesita urgentemente una conducción política alternativa. Un reto que se suma a los que ya enfrentan las fuerzas democráticas y los liderazgos políticos del país.