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- 31 Jan 2020

2020: un año de retos complejos para Nicaragua

Boletín Perspectivas

Foto: Carlos Herrera

Este año 2020 inicia con retos complejos e importantes para Nicaragua, después que el 2019 fue un año de sistemática resistencia cívica en los que se fue configurando un escenario más claro de la contienda política. Los retos están planteados tanto para el gobierno de Daniel Ortega y su grupo, como para el movimiento cívico que emergió en 2018 con la insurrección ciudadana. De la forma en que ambos actores asuman esos retos depende el futuro de toda la sociedad nicaragüense, que aguarda esperanzada el final de la crisis sociopolítica que pronto cumplirá dos años.

Los retos de Ortega

En estos 22 meses de crisis, en aras de aplastar el tsunami de descontento que estalló en abril de 2018, Ortega optó por una estrategia que le significó abrir todos sus frentes internos y externos, exponiéndose públicamente ante el país y la comunidad internacional. A juzgar por sus acciones, aparentemente pensó que la represión de los primeros meses iba a desactivar al movimiento y sus acciones cívicas; sin embargo, el tiempo ha demostrado que su cálculo inicial no logró su cometido. El movimiento cívico y las acciones de protesta se han mantenido a lo largo de esos 22 meses de crisis, además que el rechazo y descontento se han generalizado entre toda la población.


Por otra parte, en la medida que su estrategia de aplastar al movimiento cívico ha fallado y que las negociaciones tampoco le permitieron la recomposición y legitimidad que esperaba, decidió cerrar las alternativas de solución pacífica y negociada para desgastar al movimiento prolongando la crisis en el tiempo y construyendo un escenario de caos controlado; es decir, un escenario en el que la violencia es controlada desde el gobierno. Con esa estrategia, Ortega literalmente se ha enroscado y en vez de mejorar sus posibilidades, en realidad las ha empeorado con la imposición de sanciones a más de 15 personas allegadas a su grupo de poder y funcionarios de primera línea.


Durante todo este tiempo ha logrado mantener el estado de excepción de facto, impidiendo que los ciudadanos se puedan expresar y movilizar libremente y se ha sostenido en el poder a sangre y fuego, violentando derechos ciudadanos y humanos fundamentales; pero eso no hace sus retos menos complejos y urgentes. Por el contrario, profundiza los niveles de descontento y rechazo que emergieron desde abril de 2018. De manera que al iniciar el 2020, esos retos se han convertido en una de sus principales urgencias para el corto plazo, pues el tiempo es uno de sus peores enemigos.


Uno de los retos más grandes es enfrentar la crisis económica y resolver la disponibilidad de fondos que le permita operar al aparato estatal pero sobre todo, contar con recursos suficientes para la represión. En este aspecto, Ortega se enfrenta a un escenario donde los efectos de la crisis ya golpean seriamente los indicadores económicos más importantes y las condiciones de vida de la gente; las fuentes de cooperación se han reducido sensiblemente y hasta ahora no hay señales visibles de que se restablezcan y mucho menos, que se incrementen. Ortega no ha logrado conseguir fuentes alternativas de financiamiento al presupuesto y las remesas enviadas desde el exterior se han convertido en uno de sus principales salvavidas, sobre todo para paliar la situación económica de las familias dentro del país. Sin embargo, Ortega ha escogido el camino de apretar con más impuestos, eliminar los subsidios a la energía eléctrica, incrementar el precio de los combustibles y emprender una agresiva política recaudatoria que además, se ha convertido en una forma de represalia, sobre todo con los empresarios privados que han apoyado al movimiento cívico.

Foto: Carlos Herrera


El quid del asunto se encuentra en que necesita sostener el flujo de recursos para mantener en el tiempo las acciones de represión, obtener recursos para el presupuesto y apalancar algunas actividades económicas para que su grupo de poder no se desintegre, y conseguir fondos para relanzar sus políticas clientelistas de manera que le permita recomponer su exigua base política con vistas a las elecciones del 2021. Pero en el corto plazo, con las leoninas políticas fiscales y recaudatorias, en realidad lo que está incubando es más descontento social.


El segundo reto de Ortega es encontrar una fórmula que le permita mantener la represión pero disminuir la violencia para fabricar un cierto estado de “normalidad” en un año pre electoral que le significa una fuerte presión política desde dentro y desde afuera. Esa fórmula de represión con violencia “menos visible” es para dar una imagen, sobre todo frente a la comunidad internacional y sus simpatizantes, en la que busca aparentar que el próximo proceso electoral se efectuará con normalidad, aunque no sea cierto. Según se puede observar en las acciones de represión de los próximos meses, una de sus recursos será una estrategia de represión selectiva que le permita mantener las protestas y a los liderazgos del movimiento cívico bajo control, y encubrir la violencia política directa como delincuencia común. Los fuertes despliegues policiales en los puntos más visibles de la capital y otras ciudades importantes del país, así como las agresiones, intimidación, asedio y amenazas por parte de grupos paramilitares a los líderes del movimiento se van a mantendrían como acciones recurrentes.


Frenar el resquebrajamiento de su apoyo político es otro de los retos importantes para el 2020. De cara a un eventual proceso electoral, sea maquillado o verdaderamente transparente, Ortega necesita reconstituir sus bases de apoyo de tal manera que le garanticen el músculo necesario para esa contienda electoral. Eso significa que debe reactivar la fuerza partidaria del FSLN y a los seguidores que en anteriores procesos se involucraron en las actividades para “asegurar” los resultados electorales. Aunque no lo parezca, este es uno de los retos más importantes porque la base partidaria y de apoyo político del gobierno se ha achicado sensiblemente durante los 22 meses de crisis, una gran parte de la militancia histórica está descontenta; otra parte importante vinculado al orteguismo por los beneficios y prebendas que recibían, han comenzado retirarse; mientas que un porcentaje grande de empleados públicos siguen participando públicamente en las actividades políticas gubernamentales atemorizados y bajo amenaza.

Foto: Carlos Herrera


Su núcleo duro de apoyo real integrado por la policía, los simpatizantes fanatizados, paramilitares y una parte del ejército, está enfocados en las acciones de represión de tal manera que no tienen capacidad de persuasión ni son tan numerosos como para ocuparse de varias cosas a la vez: reprimir, convencer “electores” y asegurar nuevamente que los resultados electorales favorezcan al orteguismo. Otro componente de este reto es lograr la compra de votos a través de una política clientelista antes y durante la campaña electoral; sin embargo, como se señaló antes, esto depende de la disponibilidad de recursos económicos y que la maquinaria del partido en las localidades funcione de manera más o menos eficiente.


Adicionalmente y no menos importante, son los candidatos que Ortega presentará en esa contienda electoral. La primera incógnita a despejar es la fórmula presidencial: mantener a Ortega como candidato es una espada de doble filo porque, por un lado, dentro del mismo FSLN hay una demanda de cambio de figuras; mientras por el otro lado, lanzar una nueva cara, puede terminar de desgranar su base de apoyo. Otra interrogante se refiere a los candidatos para diputados nacionales y departamentales, pues Ortega debe cumplir con la formalidad, pero los más importantes líderes políticos del FSLN en las localidades están tan comprometidos con la represión que difícilmente logran atraer votos a su favor. Este es uno de sus retos más grandes junto con el económico, porque la pérdida de apoyo político entre la población y entre sus mismos seguidores compromete seriamente la existencia del FSLN como partido, así como las cuotas de poder que necesitan para sobrevivir durante la inevitable transición política que se está abriendo en el país a pesar que Ortega no lo quiera.


Otro reto importante es crear las condiciones para unas elecciones que le permitan, en su lógica, recomponerse un poco y maquillar la situación del país en aras de frenar las sanciones y encontrar un espacio de respiro económico en la comunidad internacional. Evidentemente este un aspecto crítico porque es la llave para avanzar en la solución pacífica de la crisis; es una espada de doble filo porque si las reformas se hacen solamente en su lógica, el maquillaje no tiene sentido y el esfuerzo le dejará muy pocos réditos; mientras que si se hacen reformas que realmente permitan una competencia más o menos justa, transparente y libre, Ortega sabe que sus posibilidades están reducidas y su salida de la presidencia es inminente. En este momento, ha optado por empujar unas reformas unilaterales a su medida, pero aún para eso tiene que negociar con los partidos colaboracionistas y abrirse a ciertos actores internacionales.


El involucramiento de la OEA en este tema, especialmente la Secretaría General, es una presencia crítica, ya sea para legitimar las espurias reformas que pretende hacer Ortega como para establecer una línea de rechazo hemisférica firme. Como se recordará, el posicionamiento de la OEA respecto a Nicaragua ha variado de manera importante durante los dos últimos años y ha tenido momentos significativos como en junio de 2018, cuando en el marco de la Asamblea General, se incluyó el seguimiento de la situación en la agenda del organismo; otro momento importante fue la creación del Grupo de Trabajo para contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis, en agosto de 2018; más tarde, la participación de un delegado de la Secretaría General en la segunda ronda de negociaciones entre febrero y marzo de 2019; y recientemente, cuando se conformó una Comisión de Alto Nivel creada en junio de 2019. Prácticamente desde el inicio de la crisis, el gobierno Ortega se ha negado a reconocer las resoluciones, instancias e informes elaborados por el organismo, aun cuando no deja de participar en las reuniones. Ortega necesita que la OEA, o al menos la Secretaría General, le facilite alguna legitimidad, por eso en el corto plazo necesita abrir con esta instancia hemisférica canales de comunicación sobre el tema electoral.

Foto: Carlos Herrera

En el largo plazo, Ortega tiene dos retos relacionados con: a) proteger el capital de su grupo económico para asegurar solvencia e impunidad, especialmente para su familia; de allí que en algún momento tiene que negociar los términos de este aseguramiento y frenar las sanciones; b) el otro reto es preservar su escasa base política y asegurar la supervivencia del FSLN como partido instalado en los espacios de poder para seguir jugando políticamente. La gran interrogante es si esto será posible considerando el grave desprestigio y rechazo del partido entre la sociedad nicaragüense.

Los retos del movimiento cívico

Por su lado, el movimiento cívico que surgió en abril de 2018 enfrenta sus propios retos para el 2020. Después de un año de acciones cívicas de resistencia y el inicio de un proceso de fortalecimiento organizativo durante el 2019, el movimiento cívico en su conjunto se enfrenta al gran reto de construir una alternativa política consistente no solamente de cara a las elecciones del 2021, sino también frente a la próxima transición política. Ese es el reto estratégico, pero para conseguirlo hay otros retos de corto plazo.


El primero de ellos consiste indudablemente en la conformación de la Gran Coalición que agrupe un frente amplio de actores y organizaciones de oposición. Una de las iniciativas más importantes en esa dirección es promovida por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que ya han dado pasos significativos; sin embargo, y según ellos mismos lo han expresado públicamente, hace falta que numerosas organizaciones y actores se sumen a este esfuerzo, sobre todo en el ámbito local. De allí emergen varias aristas.


Una demanda de diferentes sectores sociales y de las propias organizaciones impulsoras de la iniciativa, es que la Gran Coalición debería estar asentada en la inclusión y participación de diversos actores y organizaciones. Pero eso plantea algunas disyuntivas en relación a la participación de los partidos políticos que han sido sistemáticamente rechazados por las organizaciones y movimientos sociales desde abril de 2018, especialmente aquellos que tienen personería jurídica y escaños en la Asamblea Nacional, porque se los considera colaboracionistas. Por otra parte, también es cierto que esa coalición debería incluir a los partidos políticos, así como la mayor diversidad y cantidad de actores. Algunas voces relevantes de la ACJD y UNAB han expresado que en la coalición tendrán espacio aquellos partidos que se distancien y rompan sus vínculos con el orteguismo; sin embargo, el asunto todavía está en debate, tanto entre los propios partidos como entre los integrantes de la coalición. Una señal significativa se produjo a mediados de enero cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó Costa Rica y se reunión con un grupo de líderes de la ACJD, la UNAB y el movimiento campesino, mostrando su respaldo a estos actores.

Foto: Carlos Herrera


Otra iniciativa en curso para la creación de una coalición es promovida desde el movimiento campesino, quien realizó una asamblea en enero, han efectuado visitas a diferentes localidades del país para sostener reuniones con líderes de otras expresiones del movimiento y también se han reunido con partidos políticos. De acuerdo a Medardo Mairena, uno de los líderes más reconocidos del movimiento, el 25 de febrero próximo, la fecha prevista para el lanzamiento de la Gran Coalición, también será una fecha decisiva para ellos a fin de decidir si se suman a ese esfuerzo o fortalecen su iniciativa.


La posibilidad de trascender las visiones y agendas específicas, construir relaciones inclusivas y respetuosas, fortalecer los vínculos y alianzas entre actores y organizaciones, así como fortalecer la confianza de los liderazgos son algunos de los aspectos todavía pendientes de resolver en el camino para construir la Gran Coalición.


Otro reto importante para el movimiento cívico en su conjunto es fortalecer las estructuras organizativas y las acciones cívicas de manera simultánea al esfuerzo de construcción de la Gran Coalición. Este es un reto complejo considerando el contexto de estado de excepción de facto, la represión y los altos niveles de violencia del gobierno precisamente para frenar esos esfuerzos en todo el país. La policía y los grupos paramilitares mantienen un permanente acoso, vigilancia, agresiones, ataques, secuestros y amenazas a los líderes locales del movimiento, así como a los prisioneros políticos excarcelados. Además, la policía y grupos paramilitares asedian e intimidan los locales donde identifican que se realizarán actividades del movimiento, o bien, persiguen y asedian a los líderes de la ACJD y la UNAB cuando se movilizan a diferentes sitios para sostener reuniones. Las estructuras organizativas son el elemento clave para la conformación de la Gran Coalición y del movimiento en general, son las que le dan materialidad a la oposición y la participación ciudadana, pero además, permiten dar coherencia y complementariedad a las acciones cívicas que hacen presión interna sobre el gobierno Ortega.

Foto: Carlos Herrera


Más adelante, en un eventual escenario electoral, el tendido organizativo del movimiento cívico permitirá las acciones de campaña para conseguir los votos que posibiliten la salida de Ortega de la presidencia; la necesaria vigilancia y auditoría social durante la campaña, las votaciones y el conteo de resultados a fin de garantizar que se respete la voluntad ciudadana. En una fase de transición política, este tendido electoral también tendría un papel crítico en acciones de auditoría social y fortalecimiento democrático.


Otro reto de corto plazo son las reformas electorales para transformar el sistema electoral y crear las condiciones mínimas necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en una competencia justa, transparente y libre. A finales del 2019, las ACJD y la UNAB presentaron una propuesta conjunta de reformas electorales como la primera acción de la Gran Coalición, sin embargo, la materialización de esas reformas depende de factores adicionales entre los que se encuentran la presión nacional, la presión internacional y la voluntad de Ortega. De ahí que una de las grandes incógnitas que debe resolver la oposición en su conjunto y especialmente la Gran Coalición es si participará en las próximas elecciones aun cuando Ortega no permita esas reformas electorales. En el escenario cerrado que Ortega ha construido las elecciones se han convertido en la llave para abrir la transición, de allí su trascendencia e importancia.


Pero el movimiento cívico, especialmente la ACJD y la UNAB, tiene otro reto y éste consiste en la formulación de una propuesta política alternativa, democrática e inclusiva que le permita a la sociedad nicaragüense reconocerse y asumirla como propia. No basta con crear la coalición, lograr que el sistema electoral asegure el ejercicio del voto y encontrar una fórmula electoral que atraiga los votos y reconocimiento de los ciudadanos. También hace falta una propuesta política que sintetice las demandas de la población comenzando por las tres que han marcado la agenda de la insurrección cívica: justicia, democracia y libertad. Tanto la UNAB como el COSEP presentaron propuestas en esa dirección, pero es indispensable que el contenido de esa propuesta programática tome en consideración las prioridades nacionales, agendas específicas e ineludibles, las expectativas de la sociedad nicaragüense, así como las características particulares del contexto de transición.


Los retos de la sociedad nicaragüense para el 2020 son complejos y no admiten retardación; de manera que es un año decisivo, especialmente para los actores políticos. Es el año en el que se comenzará a materializar el cambio que se pide a gritos y se pelea en las calles todos los días desde abril de 2018.