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- 18 Dec 2019

2019: EL AÑO DE LA RESISTENCIA CÍVICA

Boletínes

A las puertas de cerrar el año 2019, vale la pena hacer un recuento con los vaivenes del proceso político en Nicaragua y la continuidad de la crisis. Anticipando el análisis, el 2018 puede considerarse el año de la insurrección cívica o del estallido del descontento social acumulado; mientras que el 2019 ha sido el año de la resistencia cívica en todos los frentes. Una resistencia que ha tenido múltiples expresiones, tanto en el ámbito nacional como internacional, que mantiene al gobierno de los Ortega-Murillo en jaque y sin que disminuya el nivel de la contienda política.

La esperanza de la negociación

El 2019 inició con un profundo sentimiento de duelo y tristeza para toda Nicaragua considerando la cantidad de jóvenes y ciudadanos asesinados durante las protestas, así como las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la sociedad nicaragüense en general, pero en especial contra los prisioneros políticos encarcelados, torturados y enjuiciados arbitrariamente por el gobierno de los Ortega-Murillo.

Las esperanzas y expectativas se reavivaron cuando, en medio de una fuerte presión nacional e internacional, así como la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos, inició la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) el 27 de febrero. Sin embargo, las expectativas se desvanecieron poco a poco cuando se cambió el formato de la negociación, reduciendo el equipo a una comisión de 6 representantes de cada lado teniendo como testigos al enviado del Secretario General de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, y al Nuncio, Waldemar Sommertag. En esa ronda no se contempló la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua que había dirigido las sesiones del Diálogo Nacional en mayo de 2018, pero además, las sesiones no fueron transmitidas por los medios de comunicación.

La negociación avanzó en medio de dos visiones: una donde se la consideraba como una estratagema de Ortega para ganar tiempo; y otra, donde se la consideraba un paso necesario que debía agotarse a fin de encontrar una salida negociada a la crisis. Mientras duró, se elaboró una hoja de ruta y se tomaron acuerdos importantes para seguir la negociación. El más importante se firmó el 29 de marzo de este año y establecía las bases para restablecer los derechos ciudadanos conculcados por el régimen Ortega; sin embargo, tuvo corta vida porque, no habían pasado 24 horas cuando fue violentado por el gobierno.

Luego de varios intentos, tensiones y llamados para regresar a la mesa de negociaciones y cumplir los acuerdos, el gobierno unilateralmente decidió cerrar la ronda y el 30 de julio se lo comunicó oficialmente al Nuncio Apostólico que fungía como testigo de las mismas. Desde ese fecha hasta la actualidad, las negociaciones han quedado suspendidas y el gobierno no ha dado mayores muestras de voluntad política para retomarlas a pesar de las sanciones que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos a un grupo de personajes de la familia Ortega-Murillo y leales seguidores; los llamados de la comunidad internacional y foros como la OEA.

A pesar de la negativa del gobierno, la Alianza Cívica mantiene su disposición a negociar para encontrar una salida cívica a la crisis que ya lleva 20 meses de prolongación.


Los prisioneros políticos excarcelados

En el contexto de la segunda ronda de negociaciones, el gobierno inició de manera unilateral la ex carcelación de más de 600 prisioneros políticos, la mayoría de ellos brutalmente torturados, enjuiciados y sentenciados de manera arbitraria. Una buena parte de los prisioneros fueron excarcelados en grupos de 100 y 50 en diferentes fechas entre el 28 de febrero y el 11 de junio de 2019.

El primer grupo salió el día que inició la segunda ronda de negociaciones. Se trató de unos 100 prisioneros; un segundo grupo de 50 prisioneros fue ex carcelado el 15 de marzo, mientras que el 20 de mayo le tocó el turno a unos 100 prisioneros más. Un último grupo de 56 prisioneros fue excarcelado el 11 de junio, entre ellos los más reconocidos como líderes del movimiento cívico, entre otros: Medardo Mairena, Edwin Carcache, Byron Estrada, Nayrobi Olivas, Irlanda Jeréz, Olesia Muñoz, Kenia Gutiérrez, y los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora.

Los primeros grupos de prisioneros salieron bajo la figura de cambio en la detención carcelaria por arrestos domiciliares. El 27 de marzo se firmó un acuerdo entre la Alianza Cívica y el gobierno para la liberación de los prisioneros. Ese acuerdo establecía que el Comité Internacional de la Cruz Roja iba a facilitar ese proceso, revisando y conciliando listas, así como otras acciones. El plazo establecido era de 90 días a partir de la firma del acuerdo. Más adelante, el 8 de junio, el gobierno aprobó una Ley de Amnistía para utilizarla como justificación; sin embargo, muchos de los ex carcelados no han recibido todavía sus documentos legales de liberación, de manera que sus expedientes siguen abiertos y sobre ellos pende la permanente amenaza de volver a la cárcel.

La liberación de los prisioneros y prisioneras políticas ha sido un tema de primera prioridad en las negociaciones y la agenda del movimiento cívico. Aunque con esas ex carcelaciones salió una mayoría de ellos, en las cárceles todavía permanecen más de 160 prisioneros políticos. Uno de los grupos más importantes es el de los llamados “La Banda de los Aguadores”, conformado por 13 líderes de la Unidad Nacional y otras organizaciones sociales que fueron apresados el 14 de noviembre cuando llevaban agua a un grupo de madres de prisioneros políticos que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya.

Muchos de los excarcelados sufren asedio, hostigamiento, vigilancia y ataques permanentes de parte de la policía y los grupos paramilitares; algunos han tenido que resguardarse para preservar su seguridad y la de sus familias; otros han sido apresados en repetidas ocasiones y algunos de ellos, acusados de delitos comunes; mientras que un grupo más pequeño se ha visto forzado al exilio.


Las nuevas fases de la represión

Al inicio del año y luego de una brutal represión durante 2018 para desmontar las multitudinarias y múltiples marchas, desbaratar los focos de acción cívica en diferentes ciudades del país y descabezar al liderazgo del movimiento cívico, el gobierno cambió las modalidades de la represión, especialmente en los centros urbanos.

En el transcurso del 2019 se pueden apreciar tres nuevas fases de represión. Al inicio del año, los niveles de violencia de parte de policías y paramilitares disminuyeron relativamente para dar una sensación de “normalidad” mientras se desarrollaba la segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, cuando comenzaron a excarcelar a los prisioneros políticos se incrementaron los niveles de represión, especialmente en su contra.

Eso significó pasar a una nueva fase represiva con acciones diferenciadas en los centros urbanos y las zonas rurales. En el caso de los centros urbanos han prevalecido los grandes despliegues policiales y de paramilitares; la prohibición para la realización de marchas y actividades públicas de protesta; el asedio, intimidación, vigilancia, ataques y nuevas detenciones a los prisioneros excarcelados. En las zonas rurales, mientras tanto, se incrementaron significativamente los asesinatos con armas de fuego, incluidas armas de guerra, especialmente en municipios de la zona norte del país. En un porcentaje significativo de los casos, los asesinatos parecen estar vinculados con motivaciones políticas considerando que las víctimas pertenecían a partidos políticos y otras organizaciones del movimiento cívico; pero también, porque se señala como perpetradores a paramilitares o policías.

Casi para finalizar el año, el gobierno Ortega comenzó a ejecutar una nueva fase de represión en el que ha incrementado significativamente los niveles de violencia, tal como se puede ver en el asedio y sitio en contra de la iglesia de San Miguel de la ciudad de Masaya, donde un grupo de madres de prisioneros políticos y el sacerdote de la parroquia estaban realizando una huelga de hambre; el apresamiento y posterior enjuiciamiento, de los líderes y activistas sociales que acudieron a dejarles agua; el secuestro, agresiones y escarnio al que fue sometida la familia Alonso en la ciudad de León.

Se han incrementado en número y niveles de violencia, las agresiones físicas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes y ciudadanos del movimiento, tal como sucedió con las agresiones de policías y paramilitares el día que se presentó la propuesta conjunta de reformas electorales. Los prisioneros políticos excarcelados y sus familias también han sido víctimas de violentos asedios, persecuciones, agresiones y ataques. Mientras que en las zonas rurales los asesinatos y muertes violentas no han disminuido. Además, incrementaron los ataques y agresiones a religiosos y templos católicos como sucedió en el caso de la catedral de León durante la misa de aniversario del jovencito Sandor Dolmus, los ataques a varias iglesias en diferentes ciudades del país, especialmente Masaya y Catarina; y más recientemente, el ataque y ocupación de la catedral de Managua.


Durante todo este tiempo el gobierno nunca ha suspendido el estado de excepción y la suspensión de derechos ciudadanos de facto que mantiene sobre el país, de tal manera que es prácticamente imposible realizar protestas, manifestaciones o marchas; además que tanto los policías como los grupos paramilitares siguen actuando impunemente.

Aislamiento internacional y sanciones

Durante todo el 2019, se profundizó el aislamiento internacional del régimen de Ortega. El caso fue abordado en diferentes oportunidades en la Organización de Estados Americanos (OEA) y el organismo aprobó varias resoluciones sobre la situación de Nicaragua. Cuando se realizó la Asamblea General a mediados de año, el organismo aprobó la creación de una Comisión de Alto Nivel integrada por varios países que tenía como misión realizar gestiones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua para una solución a la crisis y elaborar un informe que sería presentado al órgano hemisférico. El gobierno se negó a recibir a la Comisión y el informe fue presentado en noviembre. Con excepción de algunos países pequeños del Caribe y un apoyo ambiguo de México, prácticamente todos los gobiernos del hemisferio han rechazado a Ortega y el régimen se encuentra muy cerca de la aplicación de la Carta Democrática.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también realizó varias audiencias donde se presentaron diferentes informes sobre la situación de Nicaragua, entre ellas: la libertad de prensa, los asesinatos de campesinos y la situación general de los derechos humanos. La CIDH también presentó varios informes ante el Consejo Permanente de la OEA; sin embargo, el gobierno siempre se ha negado a reconocerlos y ha acusado de parcialidad al organismo. Una situación similar ocurre con el Consejo Permanente de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Unión Europea también ha manifestado su preocupación con la situación del país, ha rechazado las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno y ha demandado una solución negociada a la crisis. La relación con el Ortega se deterioró desde el inicio de año cuando una comisión de eurodiputados visitó el país y constataron las crueles condiciones en que se encontraban los prisioneros políticos, especialmente Lucía Pineda y Miguel Mora. Varias declaraciones del Parlamento Europeo, así como los avances en la aplicación de sanciones a funcionarios del régimen, han terminado de distanciar las relaciones diplomáticas entre ambos.

Pero lo que más ha afectado a gobierno de Ortega, es la aplicación de sanciones a diferentes miembros de la familia y allegados del círculos presidencial por parte de gobierno de Estados Unidos. A inicios de año, incluyó a Alba de Nicaragua (Albanisa) como parte de sanciones impuestas a PDVSA, la empresa petrolera venezolana. En abril, Estados Unidos sancionó a Bancorp, el banco del grupo económico Ortega-Murillo, y a uno de los hijos de la pareja presidencial, Laureano Ortega. Pocos meses después, en junio, sancionó a cuatro funcionarios, entre ellos: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; la ministra de salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, Oscar Mojica; y al director de telecomunicaciones, Orlando Castillo.

En noviembre sancionó a tres funcionarios más: Lumberto Campbell, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE); Ramón Avellán, subdirector de la Policía; y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Finalmente, antes de terminar el año, la administración Trump sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y a tres empresas importantes: DNP, Zanzíbar y la empresa de seguridad El Goliat. Aunque los Ortega-Murillo no se han referido directamente a las sanciones, si han acusado a Estados Unidos de injerencista y a los opositores nicaragüenses de ser vendepatrias, responsabilizándolos de las mismas. El impacto, además de político, ha afectado económicamente a los Ortega Murillo y sus allegados en términos personales, pero también a sus negocios y empresas.

Las fuentes financieras de apoyo también han disminuido sensiblemente para Ortega, de tal manera que lo han obligado a buscar nuevos socios entre países de dudosas referencias democráticas sin obtener resultados positivos hasta ahora.

La resistencia que no cesa

Desde que estableció el estado de excepción de facto en octubre de 2018, el gobierno de Daniel Ortega se ha negado a permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos con libertad, especialmente el de movilización y protesta, libertad de pensamiento y expresión, y la libre asociación. Aun así, las acciones de resistencia ciudadana persisten dentro y fuera del país bajo variadas y creativas formas.

Varios intentos de marchas fueron prohibidas por la policía, de manera que los ciudadanos optaron por realizar los llamados piquetes express en diferentes lugares, pero especialmente en Managua, la capital, por la visibilidad que tienen. También se han efectuado plantones, vigilias, conferencias de prensa, encuentros, foros, exposiciones fotográficas y otras actividades similares tanto dentro como fuera del país.

También se han promovido otras formas de resistencia de carácter simbólico considerando los altos niveles de violencia y represión, así como los amplios despliegues policiales, tal como sucedió en marzo cuando al impedir una marcha y varios piquetes express, fueron detenidos y golpeados alrededor de 164 manifestantes, incluidos periodistas. Las acciones de resistencia simbólica incluyen la presencia de familiares de víctimas en misas y actos religiosos u otras actividades públicas, por ejemplo, en las graduaciones de centros escolares. Actividades como lanzar globos o confeti azul y blanco, pegar carteles o realizar pintas en las calles, son acciones bastante frecuentes que se repiten en todo el país.

También se han realizado constantes acciones simbólicas en fechas conmemorativas como el aniversario de la insurrección de abril, los aniversarios de las víctimas asesinadas y otros similares. Dos de las acciones más importantes han sido la instalación, por primera vez en la historia del país, del Museo de la Memoria para recordar a las personas asesinadas por el gobierno; y la huelga de hambre realizada en noviembre por un grupo de madres de prisioneros políticos en la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya. Las madres fueron acompañadas por el sacerdote Edwin Román y varias personas que permanecieron dentro de la iglesia por 12 días, sitiados por la policía y paramilitares que les cortaron el suministro de agua y energía eléctrica, y que además, no permitían que nadie se acercara a brindarles atención médica o agua. La huelga de hambre volvió a poner al régimen Ortega en la agenda pública internacional como un gobierno violador de los derechos humanos, incrementó el rechazo de los ciudadanos dentro del país.

Una mención especial merecen las acciones en redes sociales y la resistencia digital. A lo largo del 2019 se han realizado varias campañas digitales principalmente en relación a temas como la liberación de los prisioneros políticos, que ha permanecido como un punto prioritario en la agenda nacional. El uso de recursos digitales tales como los carteles, videos, audios, fotografías y sobre todo, los memes, se han convertido en recursos poderosos para la crítica y la resistencia cívica en diferentes redes sociales.

Adicionalmente, luego de transitar por la fase de acciones autoconvocadas y resistir la escalada represiva de 2018, el movimiento cívico ha entrado en una fase de fortalecimiento de las redes de organización territorial y sectorial. En muchos casos esto ha significado la creación de estructuras organizativas y la ampliación de la red de liderazgos. Las dos plataformas que emergieron como actores reconocidos durante el 2018: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también han transitado por un proceso de fortalecimiento organizativo interno.

Los medios de comunicación y los periodistas independientes merecen una mención especial, pues a pesar de los ataques, el asedio, la violencia policial y de los paramilitares, y las difíciles condiciones en las que les ha tocado realizar su trabajo, no han dejado de informar de manera crítica, con profesionalidad y excelencia. Los dos diarios de mayor circulación en el país, La Prensa y El Nuevo Diario, han sido duramente castigados con la retención del papel y otros insumos críticos para su circulación, de tal manera que El Nuevo Diario se vio obligado a cerrar operaciones, igual que el tabloide Q´Hubo; mientras La Prensa ha tenido que reducir significativamente la cantidad de páginas.

Durante este año nacieron varias plataformas informativas dentro y fuera del país para contrarrestar el cerco y la censura del gobierno sobre los medios independientes; a la vez, los medios más convencionales y algunas plataformas informativas digitales que existían antes de abril de 2018, se han desarrollado y cuentan con audiencias extensas. Estos nuevos formatos y medios independientes se han convertido en recursos primordiales para la denuncia, la información y la documentación de lo que sucede en Nicaragua, aun cuando cuentan con recursos sumamente limitados para hacer su trabajo y han sido identificados como uno de los blancos de la represión por parte de la policía y los grupos paramilitares.

Las acciones de resistencia también se han mantenido fuera del país, promovida por los grupos de exiliados y migrantes nicaragüenses en distintas partes del mundo, pero especialmente en Costa Rica, donde se encuentra el número más grande fuera de Nicaragua. Los exiliados y migrantes han conformado sus propias organizaciones para apoyar las acciones de resistencia interna; su trabajo ha sido particularmente para el lobby ante diferentes organismos y foros internacionales, así como para la denuncia internacional del gobierno Ortega. Esas acciones incluyen, desde marchas, festivales artísticos y exposiciones fotográficas hasta foros, reuniones y recaudación de fondos para ayuda humanitaria, entre otras.

Propuestas y la coalición amplia

Desde que se realizó la primera ronda de negociaciones entre el gobierno Ortega y la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional de mayo 2018, y especialmente durante la segunda ronda realizada a inicios del 2019, se han venido elaborando distintos documentos y propuestas relacionados con puntos torales para la solución de la crisis. Estos documentos incluyen protocolos sobre aspectos específicos, pero también propuestas.

Otros actores importantes como la Unidad Nacional Azul y Blanco, y el mismo COSEP, han trabajado propuestas sobre aspectos que consideran importantes. Tal es el caso de las visiones programáticas sobre el país y las reformas electorales. Estas propuestas han sido presentadas por separado, sin embargo, cuentan con grandes coincidencias entre ellos.

Durante los últimos meses del 2019, la ACJD y la UNAB han trabajo en la creación de una gran coalición que permita aglutinar el más amplio número de organizaciones, movimientos y actores sociales, así como conjuntar esfuerzos para presionar al gobierno de Ortega a buscar una salida pacífica a la crisis del país. Ambas plataformas están conformadas por una variedad amplia de actores territoriales y sectoriales, lo cual les da una gran legitimidad. Sin embargo, fuera de ellas existe todavía una gran variedad de grupos y actores con los cuales es posible aunar esfuerzos en función del objetivo común.

El proceso es complejo considerando las condiciones de represión y persecución del país, la amplia diversidad de grupos que conforman al movimiento cívico, así como la pluralidad de perspectivas y posicionamientos respecto a la situación del país. Con todo, uno de los primeros avances ha sido la presentación conjunta de una propuesta para la realización de las necesarias reformas electorales que aseguren procesos de votación competitivos, justos y transparentes.

Una derrota estratégica para Ortega

Desde que inició la insurrección cívica de abril en el 2018, Daniel Ortega ha intentado por todos los medios a su alcance, incluida la represión más brutal, desarticular y desmovilizar al movimiento cívico que emergió desde entonces. Todos sus esfuerzos tanto dentro del país como en el exterior, han tenido como propósito deslegitimar y deshacer al movimiento. Eso lo ha llevado hasta construir un escenario casi cerrado de posibilidades donde el horizonte parece sombrío.

Pero, más que ganar tiempo y fortalecerse, la derrota estratégica de Ortega se profundizó en el 2019. Las sistemáticas y firmes acciones de resistencia que han realizado todas las expresiones del movimiento cívico, dentro y fuera del país, lo han obligado a replegarse de tal manera que se encuentra aislado y con apoyos políticos sumamente reducidos entre sus propios partidarios. El único pilar que sostiene a su régimen es el de la fuerza bruta personificada en la policía y en los grupos paramilitares que actúan con total impunidad y fuera de la ley.

Ortega no ha logrado frenar las sanciones y el repudio de la comunidad internacional. Tampoco ha podido evitar que el mundo conozca la situación de Nicaragua, y en la medida que insiste en prolongar la crisis, pierde fuerzas y los pocos aliados que le han quedado.

El movimiento cívico, por su lado, ha logrado sostener en el tiempo las acciones de movilización en todo el país, y fuera de él; ha transitado de la fase autoconvocada a la conformación de estructuras organizativas y redes tanto a nivel territorial como sectorial; ha afianzado como interlocutores reconocidos y legítimos a la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, y ha desafiado firmemente y con gran valor a la policía y los grupos paramilitares.

Más allá del sentimiento de incertidumbre y pesimismo que a veces invade a todos los nicaragüenses por la dureza de la crisis y el brutal castigo que el régimen ha impuesto a toda la sociedad, es indispensable reconocer que en realidad el derrotado es Ortega. Que ha perdido terreno y se ha visto obligado casi literalmente a encerrarse tras los muros de El Carmen mientras que el movimiento cívico, aun con sus complejidades y tensiones, no ha sido desarticulado, desmovilizado y por el contrario, avanza en un proceso de maduración organizativa y articulación de acciones. Definitivamente, el 2019 ha sido un año de resistencia, pero no resistencia pasiva, sino resistencia cívica, activa y beligerante.