Editoriales de CFCH

Editoriales de CFCH - 12 Oct 2008

El allanamiento contra CINCO: quieren criminalizar a la sociedad civil

Carlos F Chamorro



El allanamiento ilegal que ocurrió el fin de semana alas oficinas de CINCO tiene graves consecuencias legales y políticas en nuestro país.



En primer lugar, porque estamos ante un proceso investigativo que nació viciado desde el primer momento, pues la autoridad nunca ha especificado el delito que investiga, por lo tanto la denuncia del ministerio de gobernación debería ser desestimada.



Sin embargo, la arrogancia y la prepotencia del poder presidencial, que utilizan la fiscalía como un instrumento político partidario, ahora ha involucrado al poder judicial y a la policía, para ejecutar acciones ilegales.



Es cierto que no es la primera vez que esto ocurre, pero lo grave del caso es que ya se convirtió en una norma, que cuando los ciudadanos mantienen una posición crítica ante el gobierno, cuando denuncia el autoritarismo, automáticamente estan despojados de sus derechos y caen en la indefensión. Así ocurrió con el diputado Alejandro Bolaños, con el Padre Ernesto Cardenal, contra el director de la Prensa y ahora se repite en el ataque contra mi persona, en una acción que amenaza el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación.



Yo quiero agraceder a todas las personas, que de forma individual o representando organizaciones, nos han expresado su solidaridad y sobre todo su decisión de luchar para frenar el autoritarismo. Personas de todos los colores políticos, incluidos muchos sandinistas, y de todas las condiciones sociales. Sindicalistas, trabajadores informales, dirigentes políticos, representantes de los gremios del sector privado, líderes de movimientos sociales, jóvenes, organizaciones sociales, gremios de transportistas, profesionales, comerciantes gente de la empresa privada, profesionales, y especialmente colegas periodistas. Y esa esa una señal alentadora de que algo está cambiando para bien en Nicaragua.



Pero también me llama la atención que algunas personas, con la mejor buena intencion del mundo me dicen: esperamos que esto se calme, que se amainen las aguas. Y con todo respeto y agradecimiento les digo, que la represión no va a cesar, las aguas no se van a calmar, hasta que más nicaragüenses decidamos que hay que ponerle un dique al autoritarismo. Por el contrario, si alguna gente sigue pensando que esta es una situación que no le atañe, porque dicen que no se meten en política, les aseguro que tarde o temprano, otras personas, independientemente de su condición social o política, empresarios, religiosos, empleados públicos, afiliados al partido de gobierno, serán víctimas de la represion oficial. Porque hay que entender que estamos ante un proceso autoritario de acumulación de poder. Y el autoritarismo, que además representa a una fuerza minoritaria, no entiende de razones, únicamente entiende de contrapesos sociales y políticos.



Y lo más grave aquí es que con este proceso se quiere ilegalizar a la sociedad civil y criminalizar los derechos políticos. Primero nos acusaron oficiosamente de lavado de dinero, un delito por el que tendrían que acusar a 8 gobiernos europeos y a más de 30 organizaciones que han firmado convenios de cooperación, que ahora el gobierno ha satanizado. Pero como no pueden probar el delito de lavado, ahora van a fabricar delitos políticos. Es decir a criminalizar el derecho de asociación, de movilización, de crítica, de disensión, y de participar en política, al margen de los partidos políticos.



Solamente las dictaduras y los regímenes fascistas, que y tampoco han sido eternos, se han atrevido a incorporar en la legislación, o por la via de facto esta clase de prohibiciones. Así estamos hoy en Nicaragua, y depende de esa gran mayoría que dice que está por la tolerancia y el progreso, que las cosas cambien, o retrocedamos a la época de la violencia y la represión.