Editoriales de CFCH

Editoriales de CFCH - 04 Oct 2008

La investigación de la Fiscalía, las ONG, y los “delitos políticos”

Carlos F. CHamorro



El jueves pasado, los miembros de la junta directiva del Centro de Investigación de la Comunicación, CINCO, comparecimos ante el Ministerio Publico, para responder a las preguntas de las Fiscalía, en un caso de supuesto perjuicio para el Estado de Nicaragua.



Y queremos agradecer los mensajes de solidaridad que hemos recibido de muchísimas personas en Nicaragua y fuera del país, y especialmente de personas vinculadas al gobierno y el Frente Sandinista, que en silencio desaprueban este atropello de su gobierno, porque están conscientes de que están en juego derechos de todos los ciudadanos.



Asistimos a la Fiscalía en un acto de respeto ante las leyes de la república, aunque tenemos serias reservas sobre la imparcialidad de esta institución para llevar a cabo una investigación apegada a la ley sin interferencias políticas. Y digo esto, porque todavía esta fresca en la memoria de la opinión publica, para citar un solo ejemplo el caso de la extorsion extrajudicial de Tola, denunciado en este programa del ano pasado. Y todo mundo sabe que a pesar que dos investigaciones parlamentarias constataron que existían pruebas para abrir un proceso por extorsión contra un alto operador político del partido de gobierno, la Fiscalía cerró el caso y lo enterró en la impunidad.



Pero bueno, comparecimos ante la Fiscalía, para enterarnos de qué nos están acusando. La respuesta del fiscal fue que aún no existe una acusación, solamente una investigación. Le preguntamos por qué nos estan investigando, y tampoco nos brindó una respuesta oficial, o algún documento, o la existencia de alguna denuncia del Ministerio de Gobernación o de la propia Fiscalía.



Únicamente se nos dijo que estamos ante una investigación de oficio, basada en las declaraciones públicas que ha brindado la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, sobre la sospecha de la comisión del delito de lavado de dinero, en el convenio que suscribió CINCO con la ONG internacional OXFAM y el Movimiento Autónomo de Mujeres, al amparo del Fondo Común de Gobernabilidad.



De manera que la Fiscalía esta trabajando sobre la presunción de un delito penal, cuyo señalamiento no se nos hace claro. Pero además ejecuta o un interrogatorio inquisitivo en temas que tienen que ver con los derechos políticos de los ciudadanos y el derecho de asociación, que indica cuales son los alcances de esta supuesta investigación.



Nosotros le explicamos ampliamente a la Fiscalía sobre la naturaleza de este convenio y este Fondo, que fue creado por 8 gobiernos europeos desde el 2006. Le entregamos copia de las bases de las licitaciones, en las que claramente se establece que pueden concursar en las mismas organizaciones que no tienen personería jurídica en alianza con otras que sí tienen personería jurídica, como es el caso del MAM y CINCO.



Y le explicamos, como ya lo hicimos antes ante el Ministerio de Gobernación, que no sólo cinco y el MAM han suscrito convenios de esta naturaleza que son enteramente legales, sino decenas de organizaciones. No solamente 17 como dijo hace una semana el Ministerio de Gobernación, sino probablemente más de 50, y por lo tanto le demandamos al ministerio público que las cite a todas, para que lleguen a corroborar lo que nosotros hemos manifestado. Que no hay ningún delito en la suscripción de estos convenios que ahora el gobierno del presidente Ortega ha descalificado como satánicos.



Y digo ahora, porque estos Fondos y estos convenios que siempre han sido públicos, han estado a la vista y son del pleno conocimiento de cancillería en los 20 meses que lleva su administración, y nunca el gobierno del presidente Ortega, la Ministra de Gobernación, expresaron alguna objeción o cuestionamiento legal. Y fue únicamente hasta en el pasado mes de septiembre, cuando el gobierno empezó a satanizar estos Fondos y estos convenios, por razones meramente políticas, señalándolos como los Fondos del Mal.



Y el otro punto que le demandamos a la Fiscalía, es que si están investigando por lavado de dinero, entonces que cite a declarar a los representantes de los gobiernos de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, los Países Bajos, Luxemburgo, Gran Bretaña, y Suiza, que son los mismos donantes del presupuesto de la república, para que ellos certifiquen que si los fondos son lícitos, o que la Fiscalía pruebe que son ilícitos, oscuros, y que provienen de la mafia, del narcotráfico internacional o del terrorismo. Porque eso es lo que dice la ley sobre el lavado de dinero, que consiste en encubrir como lícito lo que tiene origen ilícito, entonces es el gobierno el que debe probarlo con los países donantes.



Y al salir de la Fiscalía, en vista de que no existen evidencias legales sobre las bases de esta investigación por supuesto lavado dinero, nosotros quedamos con la convicción de que aquí se podría estar simplemente armando una caso jurídico para justificar una decisión política que ya ha sido tomada en un nivel superior, no solamente en contra de Cinco y su junta directiva, además del derecho de asociación de los ciudadanos a participar en la vida pública y política, organizados de muchas maneras.



Porque de manera paralela a esta supuesta investigación jurídica, escuchamos al Vice canciller de la República, encargado de Cooperación Externa, Valdrak Jaenztke, que aparece dictando cátedra sobre como el gobierno va a regular las ONG, y las donaciones que reciben, porque supuestamente intervienen en los asuntos políticas del país, que según el gobierno son una prerrogativa exclusiva de los partidos políticos.



Pero resulta irónico que este mismo Viceministro del Exterior del gobierno del presidente Ortega, es la misma persona que durante años, presidía el Centro nicaragüense de Desarrollo, Nicaraguan Development Center, una ONG que administró decenas de millones de dólares de la AID, la agencia de cooperación de EEUU, el imperio, durante un largo período, en la segunda etapa de los años 90, inicio del 2000, precisamente para el desarrollo de la sociedad civil y su incidencia democrática.



Entonces, ¿quiere decir que antes los fondos del imperio norteamericano para el desarrollo de la sociedad civil, incluidas organizaciones afines al partido de gobierno eran buenos, y ahora son fondos del mal?. Y la misma contradicción está planteada con la actuación de otros altos funcionarios del gobierno, lo mismo podría señalarse de otros altos funcionarios del gobierno actual.



¿Cuál es entonces el asunto de fondo, en este proyecto estatal de regulación de las ONG?