Editoriales de CFCH

Editoriales de CFCH - 15 Aug 2008

La trampa de la violencia

Carlos F. Chamorro

Agosto 2008



Primero fue el paro gremial de los transportistas. Después la huelga de hambre de 12 días de Dora María Téllez y la protesta del MRS y el PC, por el cierre de los espacios políticos. Siguió la marcha convocada por la Unión Cívica por la Democracia, y luego una más masiva aún convocada por la Coordinadora Civil.



Durante ese corto itinerario de protestas, un movimiento opositor amorfo, disperso entre diversas fuerzas sociales, políticas y cívicas, empezó a disputarle el monopolio de las calles al gobierno Ortega-Murillo, sin que se produjeran actos de represión, más allá de la consabida intimidación oficial e intentos de cooptación.



La intolerancia oficial

Sin embargo, ese espacio de libertad democrática para protestar, ahora está siendo amenazado de tajo por el orteguismo. A juzgar por lo ocurrido el miércoles pasado en la rotonda de Metrocentro, el mensaje oficial es que “no se permitirán más protestas en las calles contra el gobierno y el que se atreva, debe atenerse a las consecuencias de una represalia violenta”.



La nueva política de intolerancia oficial se inauguró con la decisión de impedir a toda costa la protesta pacífica del grupo Puente, un movimiento juvenil que propone frenar el derroche en el culto a la personalidad de Ortega, y reorientar el millonario gasto publicitario hacia el escuálido presupuesto en educación.



Pero ¿por qué necesitaba el gobierno recurrir a sus fuerzas de choque para reprimir una protesta cuyo sello distintivo no eran los morteros, sino la creatividad juvenil? La única explicación ante este acto de fuerza, es el creciente temor del partido de gobierno a perder sus espacios de control político en las universidades y entre la juventud. O acaso también se trata de una venganza contra la irreverencia de una nueva generación de jóvenes, que igual compara a Ortega con Somoza que con Ceasescu de Rumania.



Lo que ocurrió esa tarde, quedó nítidamente registrado en las imágenes de todos los canales televisivos. Tras la fachada de una supuesta actividad pacífica de la Juventud Sandinista, reaparecieron grupos tumultuosos y conocidos dirigentes de las fuerzas de choque del FSLN como Victor Cienfuegos, quien ni es joven, ni se ha caracterizado jamás por participar en protestas pacíficas, sino todo lo contrario.



El Grupo Puente evitó la confrontación y en un acto de madurez política trasladó su protesta a otro punto de la capital, muy distante de Metrocentro. Pero el operativo de violencia ya estaba montado y terminó desatando su furia contra personas y vehículos que de forma pacífica transitaban por la rotonda, tratando de ubicar el nuevo sitio de la protesta juvenil.

La policía entre dos fuegos



Así empezó la trifulca, sin provocaciones de ninguna clase. Más bien hubo un ataque planificado con alevosía. Y cuando la policía intentó contener a las fuerzas de choque del orteguismo, entonces la violencia se revirtió contra la policía, que incluso llegó a exhibir armas de fuego de forma temeraria para disuadir a los agresores.



Y aquí estamos ante otro fenómeno inesperado para los cálculos del proyecto de acumulación de poder de Daniel Ortega: una policía que se debe a la institucionalidad y la ley, y a diferencia de los jueces y los magistrados del pacto, no pregunta primero de que color político son los agresores antes de someterlos a la ley.

Junto al ejército nacional, la policía nacional representa el caso más exitoso de la transición que se inició en 1990. Sobrevivió a toda clase de presiones durante tres gobiernos, aferrándose a su proceso de profesionalización, y al compromiso con la ley y el servicio hacia la comunidad. Dieciocho años después, la despartidización policial es una realidad irreversible, pero a la vez resulta incompatible con el viejo esquema de ordeno y mando que pretende imponer Ortega.



El resultado es una institución policial altamente confiable para los ciudadanos, pero sometida a un fuego cruzado por el orteguismo. El de la violencia desde abajo, —como ya ocurrió en Ocotal contra las microfinancieras y ahora en la rotonda de Metrocentro—, y el de la presión oficial desde arriba, que pretende someterla a los impulsos autoritarios de un estilo presidencial personalista.

Mientras el país está siendo empujado a paso acelerado hacia una peligrosa polarización, la policía enfrenta la prueba institucional más compleja a la que ha sido sometida. Pero también se trata de un desafío para los ciudadanos. Porque lo que lo que la violencia persigue es inmovilizar la protesta cívica e imponer la cultura del miedo; descalificar a la oposición y justificar la represión, en un círculo vicioso que únicamente favorece al autoritarismo. Por eso hay que evitar los mil pretextos que existen para justificar la trampa de la violencia.



Lecciones para el periodismo

El incidente de la rotonda deja también valiosas lecciones al periodismo nacional. Al momento de caer herido y al llegar al hospital, el reportero de Canal 4 Antenor Peña Solano reaccionó con el instinto de un periodista profesional. Confrontado con los hechos y presionado por los agitadores de turno, señaló que no podía acusar a nadie por la agresión, pues no había logrado ver a sus agresores en medio de la confusión.



Sin embargo, el discurso oficial ya tenía un guión preelaborado. El secretario político del FSLN en Managua, quien no se encontraba en el lugar de los hechos, acusó irresponsablemente a activistas de VCE y el MRS de haber disparado con armas de fuego contra Peña Solano desde un vehículo, desatando una irresponsable campaña de difamación y azuzamiento oficial contra la “derecha criminal y los medios de la oligarquía”.



Irónicamente, el mismo Antenor Peña que primero actuó como periodista, 24 horas después se transfiguró en propagandista al servicio del canal oficial, denunciando ante las autoridades a Jaime Arellano de “El 2 en la Nación” de haber promovido el incidente violento de la rotonda.



La “retractación” del periodista de Canal 4, revela los límites del periodismo oficial, mas no le resta un ápice de valor a la ola de solidaridad que concitó la agresión contra su persona.

Independientemente de las preferencias políticas de los periodistas, hay una creciente demanda de cero tolerancia contra cualquier agresión física o acto de intimidación contra periodistas. Los líderes políticos, el gobierno, los activistas, la policía, y todos los que participan en protestas y movilizaciones callejeras, están obligados a respetar la labor profesional y la integridad física de los periodistas.



Como contraparte, a los periodistas nos corresponde adquirir un mayor compromiso para ejercer el periodismo con ética y profesionalismo, al margen de las inclinaciones político-ideológicas de los medios. Como la nota roja, el periodismo que pretende sustituir a los partidos políticos, siempre será mal periodismo y blanco fácil de los ataques del poder. En tiempos de crisis, la mejor defensa del periodismo radica en su credibilidad. Preservarla a cualquier costo, debe ser nuestra mínima contribución para evitar la violencia.