¡No hay por quién votar!

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El proceso electoral nicaragüense se inició tardíamente y concluyó tempranamente. El Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones justo seis meses antes del día de las votaciones. En las semanas siguientes, el inconstitucional presidente Ortega, a través de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se aseguró la expulsión de la Coalición Nacional por la Democracia, mediante la entrega de los sellosy el cuerpo jurídico del Partido Liberal Independiente (PLI) a un grupo de su confianza y, la inhabilitación del Partido Acción Ciudadana (PAC): Ambas personalidades jurídicas hubiesen hecho posible que la oposición participara en las elecciones.

Un nuevo fraude electoral de enormes proporciones se ha consumado ya. Sin una oposición real participando, con el control completo de la estructura electoral, con un padrón nada fiable, en posesión del tendido de fiscales, sin observación nacional o internacional calificada e independiente, Ortega se ha asegurado los resultados de la votación de noviembre a su antojo y necesidad.