Noticia

Editoriales de CFCH - 14 Dec 2008

La hora del Fiscal

Carlos F. Chamorro

Hace más de tres meses, se desató oficialmente la persecución política del gobierno del presidente Ortega contra el Centro de Investigación de la Comunicación CINCO, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).

El ataque contra las ONG y movimientos sociales, no apareció como un hecho aislado, sino como parte de la escalada de un gobierno autoritario que en su afán de copar todos los espacios de deliberación política de la sociedad, persigue a periodistas, intelectuales, medios de comunicación, e incluso cancela la personería de partidos políticos.

Pero además de una represalia para intimidar e intentar acallar las voces críticas al poder, el propósito ha sido justificar la nueva política estatal para regular a las ONG, imponiéndole a la cooperación internacional “nuevas reglas”, para vetar el flujo de recursos externos hacia actividades de la sociedad civil que tengan incidencia política en temas de gobernabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Según esa peculiar definición de democracia regulada, la única sociedad civil autorizada por el gobierno, sería aquella dedicada a actividades asistencialistas. Así, el propósito último de esta persecución apunta a imponer una sociedad civil no deliberante, que cumpla órdenes, como una correa de transmisión del estado; una sociedad de serviles, en vez de una sociedad civil democrática. Para justificar esta nueva arremetida, el gobierno necesitaba construir “un caso”: y así, al calor de la revancha política, nació la acusación contra CINCO y el MAM.

La Ministra de Gobernación, y la Fiscal Adjunta nos imputaron toda clase de delitos: “lavado de dinero, corrupción, triangulación y actividades ilícitas”. Denunciaron “operaciones irregulares” con cifras que sobrepasaban los 10 millones de dólares, y aunque primero dijeron que se trataba de una investigación normal para regularizar la situación de miles de ONG, tres meses después, cuando no han podido presentar una sola prueba, ya no pueden ocultar que se trata de una persecución política contra CINCO, el MAM, la Coordinadora Civil, el CENIDH y un puñado de organizaciones.

El nueve de septiembre acudimos al Ministerio de Gobernación, para atender un trámite administrativo, y mes después descubrimos gracias a los medios de comunicación, que ese mismo día ya la Ministra de Gobernación había solicitado a la Fiscal Adjunta una investigación penal, ordenando el levantamiento del sigilo bancario sobre las cuentas de CINCO, OXFAM y el MAM. Así opera un típico estado policíaco, primero interviene para hacer espionaje político, y después se dedica a armar el “caso jurídico”.

El 11 de octubre se produjo el allanamiento por la fuerza de las oficinas de Cinco, con la intervención de más de 40 policías y una decena de fiscales que acordonaron la “escena del crimen”. Ocuparon la oficina durante más de 12 horas y se llevaron 15 mil folios de libros contables, documentos privados y cinco computadoras. Sin embargo, dos meses después la Fiscalía no ha podido determinar cuál es el delito por el que se investiga a CINCO, simplemente porque nunca existió tal delito.

La semana pasada los representantes de ocho gobiernos europeos que financian los fondos para proyectos de sociedad civil --el Fondo Común de Gobernabilidad y el Fondo de Equidad de Género-- , que la propaganda oficial del gobierno califica como “los fondos del mal” o “los fondos satánicos”, confirmaron en una comunicación oficial que dichos fondos son públicos y provienen de sus presupuestos, y por lo tanto, no puede haber lavado de dinero como alegan de forma irresponsable los voceros del gobierno.

Y han ratificado, además, que las bases de licitación para acceder a estos fondos, permiten que movimientos sociales sin personería jurídica, como el MAM, puedan acceder a esos fondos si se asocian con una ONG con personería jurídica, como en efecto se hizo en la relación CNCO-MAM-OXFAM. En consecuencia, no existe ninguna posibilidad de “triangulación” delictiva o actuación irregular, en una relación que ha sido transparente de principio a fin.

Al no existir ningún sustento legal para las “investigaciones” que realiza la Fiscalía, el camino está despejado para que el Dr. Julio Centeno Gómez tome cartas en el asunto y en base a su condición de Fiscal General de la Nación, asuma directamente este caso, separe a los fiscales auxiliares que responden a intereses político-partidarios, y desestime esta investigación. Por eso, le solicitamos que ordene la devolución a CINCO de toda la documentación que de forma abusiva incautó la fiscalía, para que esta ONG pueda volver a la normalidad y rendir sus informes correspondientes a los donantes que financian sus proyectos.

El Fiscal Centeno Gómez tiene la autoridad para rectificar una flagrante violación que ha cometido la Fiscalía contra el derecho de asociación y la libertad de expresión, y de paso devolverle la confianza a los ciudadanos en una institución que ha sido instrumentalizada con fines partidarios para fabricar “delitos políticos”. El Fiscal tiene la oportunidad para restablecer la credibilidad de la Fiscalía y esperamos que así sea.