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Editoriales de CFCH - 22 Jul 2009

Ironías de la Revolución

A treinta años de la caída de Somoza
Ironías de la Revolución

Carlos F Chamorro

El derrocamiento de la dictadura de Somoza, hace treinta años, quedará registrado para siempre como el momento de mayor consenso nacional que alguna vez se haya alcanzado en la historia de Nicaragua. No existe otro proceso de unidad nacional comparable con lo que ocurrió en los últimos meses antes de la caída de Somoza, con el propósito de erradicar el régimen dinástico y abrirle paso a una nueva era de democratización y justicia social.

La guerrilla del FSLN, los pobladores de los barrios, la oposición cívica, empresarios y sectores medios, y sobre todo la juventud, que se entregó con generosidad a la lucha, formaron esta gran alianza nacional que a su vez generó una inmensa ola de solidaridad internacional, y se convirtió en símbolo y esperanza de cambio en el continente.

El consenso se perdió rápidamente después de la caída de Somoza al definirse el nuevo rumbo del país, no solamente por las contradicciones intrínsecas que conlleva todo proceso de cambio revolucionario, sino además porque el concepto de poder que albergaba el liderazgo revolucionario era intrínsecamente divisivo. Irónicamente, mientras el FSLN se distanciaba de la ortodoxia de la izquierda mundial y ofrecía de forma innovadora una plataforma revolucionaria basada en el pluralismo político, la economía mixta y el no alineamiento, en la práctica recurría a un esquema de poder totalizante para ejecutar ese programa. Un esquema de hegemonía revolucionaria, semejante al de una sociedad de partido único en el cual la fusión estado-partido-ejército-organizaciones de masas-aparatos ideológicos, respondía a una sola voluntad política.

Mucho se ha debatido sobre las causas de la derrota de la revolución y el efecto de la guerra en la militarización de la sociedad y el descalabro de la economía. Una guerra de agresión externa que también fue una guerra civil, y sin duda en el balance de la década de los 80, hay responsabilidades compartidas. Pero la viabilidad de la revolución como proyecto democrático en una época de paz, aún si hubiera logrado sobrevivir la guerra y las elecciones de 1990, dependía en última instancia de hacer un cambio radical en ese modelo de poder con tendencias autoritarias. Esa posibilidad nunca se planteó de forma categórica en el FSLN antes de la derrota electoral.

Y aquí estamos ante una segunda ironía: porque el cambio se produjo a contrapelo de la voluntad del FSLN, cuando la última revolución armada triunfante del siglo XX entregó el poder por la vía de los votos al aceptar la derrota electoral.

¿Empezó en Nicaragua la democracia en ese momento, el 25 de febrero de 1990, cuando se institucionalizó la democracia electoral, o acaso su punto de partida debe ubicarse más bien el 19 de julio de 1979, cuando se desencadenó un masivo proceso de participación popular y se sentaron las bases de la democracia participativa? El debate se mantiene abierto entre los politólogos sobre una larga e incompleta transición democrática, que a su vez tuvo repercusiones decisivas en los procesos de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que junto a Nicaragua conforman lo que la profesora Terry Karl llamó los “regímenes híbridos” de Centroamérica, en los que se combinan democracias formales y bolsones de autoritarismo.

Pero la discusión sobre el modelo revolucionario de los 80 y la autocrítica post derrota electoral del FSLN, que terminó dividiendo al sandinismo en dos o más corrientes, se vuelve particularmente relevante ahora que Daniel Ortega y la vertiente oficial del FSLN, el orteguismo, han regresado al poder. El retorno de Ortega hace ya dos años y medio, se presenta como una nueva etapa de la revolución, pero en la práctica repite los viejos vicios del pasado --el autoritarismo y la confusión estado-partido-- y amenaza de muerte a uno de los más importantes legados de la revolución como es la democracia. De la derrota electoral de 1990 emergió el Consejo Supremo Electoral, como la institución más confiable de la nueva institucionalidad democrática, y hoy, casi dos décadas después, simboliza el más grave retroceso. Y esta es la tercera ironía: el fraude electoral perpetrado por el presidente Ortega el año pasado --que de paso ha sido el mejor documentado en la historia de América Latina-- representa la más rotunda negación del legado democrático de la revolución.

Sin embargo, la propaganda oficial insiste en que en Nicaragua hay una revolución y que se ha producido un cambio de modelo, porque el gobierno está impulsando algunos programas de asistencia social, como el Hambre Cero, Usura Cero, etc. Pero mientras la economía se rige por un programa acordado con el FMI, el único cambio estructural que se ha introducido ha sido la privatización de la multimillonaria ayuda venezolana, que se maneja fuera del presupuesto. Y en efecto, una parte se usa para financiar estos programas bajo un esquema de clientelismo político, pero la gran tajada de esos fondos se destina para hacer negocios, sin ninguna clase de control ni transparencia, para engrosar los nuevos capitales privados ligados a la familia gobernante.

En lo político, el “cambio de modelo” consiste en que una minoría política, muy bien organizada y movilizada, pero a fin de cuentas minoría, gobierna como si fuera mayoría en virtud de un pacto prebendario con la cúpula del PLC. Y el FSLN que alguna vez fue un partido revolucionario, actúa como una maquinaria electoral vaciada de todo contenido al estilo del viejo PRI mexicano, con la notoria diferencia de que está sometida al control de una sola persona, el eterno caudillo Daniel Ortega y ahora también a su familia.

Todo esto se desplegó con mucha elocuencia en la tarima de la Plaza de la Fe, durante el acto del 30 aniversario del 19 de julio, en una puesta en escena en la que la primera dama Rosario Murillo y el presidente Ortega, inauguraron una suerte de karaoke presidencial, que todo el país pudo ver y escuchar con perplejidad a través de la cadena televisiva.

Pero más allá del mal gusto que evidencia la promoción del culto a la personalidad, lo que preocupa a los ciudadanos es la intolerancia política de un poder que se ejerce de forma autoritaria contra sus adversarios. Porque bajo este nuevo modelo de supuesta “democracia directa” tampoco hay cabida para una oposición beligerante. Y cada vez que la oposición se organiza para desafiar al orteguismo, la respuesta oficial es la represión a través de sus fuerzas de choque y la instrumentalización de la institución policial.

El domingo pasado el presidente Ortega inició su campaña por la reelección resucitando “El gallo ennavajado”, su himno de las elecciones de 1990. Y así estamos ante otra ironía que raya en el cinismo: la canción dice, refiriéndose al pasado somocista, “ya pasaron los tiempones en que los barrigones se robaban las elecciones”, pero resulta que ahora los barrigones están de regreso al frente del Consejo Supremo Electoral y se robaron las elecciones del año pasado, cumpliendo la voluntad del propio presidente Ortega.

Entonces ¿quién va a contar los votos en las próximas elecciones?. Esa es la pregunta fundamental que preocupa a los nicaragüenses, con independencia de si tenemos un modelo presidencialista, parlamentarista, o el referendo revocatorio que ofreció Ortega a última hora, como anzuelo para la reforma constitucional.

La democracia electoral que la revolución heredó al país en 1990 no era la panacea de todos los problemas, pero al menos permitía dirimir de forma pacífica los conflictos en la lucha por el poder. Por ello, el primer paso para devolverle credibilidad a la nación en un futuro democrático, consiste en una limpieza total del sistema electoral. De lo contrario, Nicaragua volverá al punto de partida que la confrontó con la dictadura de Somoza hace más de 30 años.